El éxito del paro se vio en la calle
El PP quiere acabar con lo que tanto tiempo nos ha costado conseguir", claman los trabajadores
La jornada fue particular: todos los actores implicados se mostraron satisfechos con el seguimiento del paro
El éxito del paro se vio en la calle
El PP quiere acabar con lo que tanto tiempo nos ha costado conseguir", claman los trabajadores
La jornada fue particular: todos los actores implicados se mostraron satisfechos con el seguimiento del paro
La expresión de rechazo a la reforma laboral se reflejó en las calles. Y a tenor de las decenas de miles de personas que salieron a manifestarse en Valencia, Alicante y Castellón, el rechazo es masivo. Porque, con más de 150.000 ciudadanos protestando por la tarde, se encuentran entre las marchas más multitudinarias que han recorrido las tres capitales de la Comunidad Valenciana, a las que hay que añadir las de Elche y Alcoi.
El seguimiento de la huelga fue más industrial que general. En las grandes industrias y en los polígonos fue masivo, al igual que en el transporte y, en buena medida, en la educación pública. Sin embargo, muchos ciudadanos no tuvieron la percepción de un paro generalizado porque el comercio apenas se sumó a la convocatoria y lo mismo ocurrió en el sector sanitario. En ese sentido, el seguimiento de la huelga fue, en líneas generales, moderado.
La jornada fue tan particular que todos los actores implicados —sindicatos, Administración y organizaciones empresariales— se mostraron satisfechos con el seguimiento del paro.
Las masivas manifestaciones se nutrieron también de muchos trabajadores que no habían secundado la huelga. Si resulta difícil cuantificar el malestar que produce la reforma laboral durante la mañana en los centros de trabajo, ya por la tarde, la manifestación convocada a nivel estatal por los dos principales sindicatos CC OO y UGT, y secundada en la Comunidad Valenciana por el resto de las centrales sindicales, sí que consiguió evidenciar la oposición a las drásticas medidas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para afrontar la crisis, sustanciadas en recortes laborales.
Así, tras la pancarta con el lema "Quieren acabar con los derechos laborales y sociales; quieren acabar con todo" que abría la marcha de Valencia, se aglomeraron alrededor de 85.000 personas. Los portavoces sindicales explicaron que la huelga y la manifestación solo eran el primer paso de un proceso "intenso y sostenido" en contra de las medidas que ha aprobado el Gobierno.
En la marcha también se protestó por los recortes en materia educativao las pensiones. Alicante, al igual que Castellón, vivió una de las manifestaciones más importantes de su historia con más de 50.000 y 15.000 participantes, respectivamente. En Elche salieron a la calle más de 10.000 personas y en Alcoi fueron varios miles los manifestantes.
La contestación en la calle a la reforma laboral del PP reunió a más de 150.000 personas, ya que, aparte de las tres grandes capitales, hubo nutridas protestas en Elche, Alcoi, Orihuela y Dénia. En la protesta de Valencia, donde se superaron las 85.000 personas, cuando toda la explanada del paseo de la Alameda estaba llena, la cola de la manifestación todavía salía de la plaza de San Agustín, atiborrando las calles de Xàtiva, Colón, Navarro Reverter y el puente de las Flores. Los sindicatos convocantes cifraron la participación en 250.000 ciudadanos. La policía local en 35.000. A la protesta también se sumaron destacados políticos de la oposición al PP, como Jorge Alarte (PSPV), Marga Sanz (EU) o Joan Ribó (Compromís).
"Estoy contra la reforma laboral y contra la cascada de recortes y retrocesos que estamos sufriendo. Pero, sobre todo, estoy aquí porque veo necesaria la desobediencia", explicaba Óscar Martínez, un parado de 43 años.
En Alicante, cuando la cabecera de la protesta había cubierto el itinerario, todavía había personas que no habían iniciado el recorrido. Los sindicatos estimaron el seguimiento en 100.000 personas y la policía lo cifró en unas 40.000.
Los sindicatos admitieron que a la marcha se sumaron muchas personas que no secundaron la huelga general, y entre estos últimos destacó el colectivo de jubilados y pensionistas, como María y Carmen, vecinas de Alicante y Valladolid: "El Gobierno dijo que no iba a subir los impuestos y lo ha hecho y ahora quiere acabar con lo que tanto tiempo nos ha costado conseguir a los trabajadores", comentaron. Pero con todo, el grueso de los manifestantes estaba integrado por trabajadores que sí secundaron el paro general. "He sido la única conductora de Correos que hecho huelga, y estoy aquí por motivos obvios", dijo Maricarmen.
En Castellón, más de 15.000 personas (50.000 según los sindicatos y 10.000 según la policía) colapsaron ayer el centro. "Soy funcionario de policía y no he hecho huelga porque no podía", comentó un manifestante, "ahora me manifiesto porque la reforma se extralimita en los medios que pone para hacer frente a la crisis, cargando sobre la clase más desfavorecida". Elisa Roig, profesora, explicó que en su centro sólo han hecho huelga 14 de los 40 profesores. "No todos pueden permitirse el lujo de renunciar a 100 euros, pero aquí veo a muchos de los que no han hecho huelga", dijo.
Mari Carmen se manifestó con una pancarta en la que reivindicó que es autónoma y que también hace huelga. "Estamos todos en el mismo mercado", afirma, "con esta reforma se abarata todo y al final no podemos competir".
29-M: Seguimiento desigual de la huelga y discrepancia en las cifras
- Según la Generalitat, el seguimiento en la sanidad pública es del 16,18%
- Los sindicatos elevan la participación global al 76% en la Comunidad
- En la educación pública oscila del 36% de primaria al 32% de secundaria
- Secundada por más del 80% en autobuses interurbanos y metropolitanos
- La patronal califica de 'muy bajo' el seguimiento en el sector privado
El seguimiento de la huelga general en la Comunidad Valenciana es "baja, entre un 10 y un 40%", según la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, quien ha destacado que la jornada se desarrolla con "absoluta normalidad" y "sin incidentes graves".
Según ha informado en una rueda de prensa, a pesar de la acción en las tres provincias de varios piquetes, hasta las 12.00 horas no se ha producido "ningún incidente grave ni detención alguna" en relación con la huelga.
Respecto al seguimiento de la huelga, la delegada ha concretado que éste ha sido del 16,20% en la Administración central, 18,64% en la función pública y 16,98 en los órganos judiciales, mientras que en Educación, la han secundado el 36% de los docentes de primaria pública y el 3,98 de privada, y el 32,7% de profesores de secundaria pública y el 6,87 de los de privada.
Además, el seguimiento ha sido del 62% en el servicio de metro, el 83% en autobuses interurbanos, el 0% en farmacias y ambulancias y, en cuanto a grandes hospitales, del 20,38% en la provincia de Valencia, 19,85% en Alicante y 7,03% en Castellón.
Por lo que respecta al sector privado, han secundado la protesta una media del 19,6%; el 26% en la provincia de Valencia, el 25% en Alicante y el 12% en Castellón, unos datos que la Delegación del Gobierno concretará esta tarde por sectores, según ha dicho.
El pequeño comercio, por su parte, ha registrado un seguimiento de la huelga "nulo", y en este ámbito se ha dado "algún incidente aislado que no ha impedido la apertura de las tiendas con normalidad", según la delegada.
El consumo eléctrico en la Comunidad se ha reducido durante la primera mitad de la jornada de huelga en un 7,94%, una cifra "inferior" a la registrada en la convocatoria desarrollada en 2010, y "tan sólo" cuatro trabajadores de la Central Nuclear de Cofrentes no han acudido hoy a sus puestos de trabajo.
Por otro lado, Paula Sánchez de León ha señalado que el número de concentraciones y manifestaciones comunicadas para esta jornada (77) se ha triplicado respecto a la huelga de 2010(en la que hubo 24), una circunstancia, según ha dicho, "reflejo de que en el último año se hayan quintuplicado este tipo de acciones" en la Comunidad.
Según los datos que maneja la Generalitat Valenciana, el seguimiento de la huelga general en la sanidad pública de la Comunidad Valenciana es del 18,64%, mientras que en la educación pública se sitúa en torno al 32%.
El mayor seguimiento se ha registrado en el sector del transporte, donde ha sido secundada por la totalidad de la plantilla de la EMT de Valencia, por el 92,11% en los autobuses interurbanos de las tres provincias y por el 62,27% de los empleados del metro en FGV y el TRAM.
Por sectores, la sanidad pública ha registrado un seguimiento del 18,64% (Alicante 19,85%, Castellón 7,03% y Valencia 20,38%), mientras que en los centros de salud pública el seguimiento es del 23,32% (Alicante 22,68%, Castellón 21,83% y Valencia 18,61%).
En justicia, ha hecho huelga el 16,98% de los empleados públicos, y en torno al 20% en la administración general de la Generalitat.
Los centros públicos de Educación Infantil tanto públicos como privados se ha registrado un seguimiento de los paros del 32,72% (Alicante 35,5%, Castellón 27,69% y Valencia 30,49%), mientras que en Primaria, el 32,76 % de los docentes ha secundado los paros (Alicante 35,5%, Castellón 27,69% y Valencia 30,49%).
Por otra parte, un 28,39% de los trabajadores de los centros dependientes de la Diputación de Valencia han secundado el paro, según han informaron fuentes de la Corporación provincial.
La patronal
Desde la patronal autonómica Cierval, por su parte, se ha asegurado que la participación de la huelga general en el sector privado ha sido "muy bajo y atomizado, a excepción de la industria, donde los paros, según esta organización, sólo han sido secundados por un 15%.
Su secretario general Javier López Mora ha reconocido, no obstante, que la incidencia de la huelga es algo mayor que la convocada en septiembre de 2010 y que se están respetando los servicios mínimos.
Desde Cierval se han conocido incidencias en Mercavalencia y Mercalacant "a muy temprana hora", lo que ha ralentizado la distribución de las mercancías.
"En el centro de Valencia todos los bares están abiertos y en Alicante, también", ha destacado López Mora, quien ha achacado la ausencia de gente en las zonas comerciales de la ciudad a que el público en general ha intentado evitar los piquetes. Según la Confederación Valenciana de Comercio (COVACO) ha asegurado que el 90% de los establecimientos han abierto sus puertas "con normalidad".
Los sindicatos hablan de un 76%
La evaluación del 29-M dista, sin embargo, de la ofrecida por UGT y CCOO, que han estimado en un 76% el seguimiento de los paros en una jornada marcada por la ausencia de incidentes relevantes.
La repercusión de esta convocatoria, según los datos de los sindicatos, ha sido mayor en el sector industrial, donde ha alcanzado el 90%, en especial en el sector azulejero, donde la han cifrado en más del 90%, y en el metal, que consideran próximo al 100%. Del 90% es, según los sindicatos, el seguimiento alcanzado para el transporte privado de mercancías.
Los secretarios de Organización de UGT y CCOO, Carlos Vila y Alfonso Arnedo, respectivamente, han asegurado que no disponen de los datos del alcance del paro general en el comercio y la hostelería.
En referencia al sector público, los dos sindicatos han cifrado en un 90% el seguimiento en la enseñanza universitaria y en un 60% en la no universitaria (colegios, institutos y FP). Según las centrales, entre el 55 y el 60% de los trabajadores de la sanidad pública han hecho huelga.
La repercusión del paro entre los funcionarios de la Generalitat ha sido del 65%, mientras que en la Administración de Justicia ha alcanzado el 55%, siempre según los datos del sindicatos.
UGT y CCOO han destacado el seguimiento en la planta de Ford Almussafes y el Puerto de Valencia, que aseguran, ha sido del 100%.
A la luz de estos datos, Arnedo ha afirmado que la huelga "no es un punto final" sino "un medio para rectificar" una política laboral que califica de "injusta" e "ineficaz".
Carlos Vila, por su parte, ha restado importancia a una carga de la Guardia Civil en las inmediaciones de Vossloh, uno de los escasos incidentes registrados a lo largo de la jornada.
La oposición a los recortes deja en casa a la mitad de los docentes, médicos y letrados
La ausencia de alumnos en las aulas supera el paro del profesorado al no poder salir el transporte escolar hacia los centros públicos y concertados
Centros escolares, hospitales y juzgados funcionaron ayer a medio gas. Más de la mitad de los trabajadores de los tres sectores, profesores, médicos y abogados, secundaron el paro según datos de los delegados sindicales, cifras que el Consell rebajó al 35% de seguimiento en la enseñanza y el 17% en Sanidad y Justicia.
Como ya sucediera en la huelga de septiembre de 2010, la ausencia de los alumnos superó a la de los propios profesores, aunque esta vez se ha triplicado el paro de docentes contrarios a los recortes del Consell y a la reforma laboral del Gobierno central. La falta de transporte escolar impidió el acceso de estudiantes especialmente a los colegios concertados, aunque, por contra, el comedor se mantuvo en la práctica totalidad de los casos porque, siendo pocos alumnos, se les pudo atender con los servicios mínimos. No obstante un colegio de Villena y la escuela infantil de Sax se quedaron sin servicio de comedor.
El también menor servicio de transporte urbano, que superó la hora de espera en muchos casos, junto al cierre de las puertas de acceso de la Universidad de Alicante a primera hora por los piquetes, disuadió al personal de acudir al campus, pese a que después la policía intervino y abrió las puertas. Desde la Miguel Hernández de Elche apuntan a un 15% de paro y a una "ausencia casi total de actividad" según los sindicatos.
En cualquier caso, el seguimiento de la huelga por más de la mitad de los profesionales restó toda normalidad a la jornada educativa. Los alumnos recibieron clases de repaso, de lectura o plástica, y el tiempo de recreo se duplicó. Hubo colegios, donde, como medida de presión, taponaron la entrada con pegamento o silicona, como en La Condomina de Alicante, Mediterrani, Clara Campoamor, Dama de Elche y la Academia Luis Vives de Elche. En los institutos, la práctica totalidad de los estudiantes de la segunda etapa de Secundaria y de Bachillerato prefirieron las calles en manifestación o las playas a su estancia en clase. Los más pequeños dependieron de la decisión de sus padres y del transporte, como Idaeris y Sara, que conversaban en un banco del instituto, sin apenas docentes, a la espera de poder volver a casa.
En los once centros de salud del Departamento 19, así como en especialidades, consultas externas y los hospitales General de Alicante y de San Vicente, UGT cifró la huelga en un 70% y un 55% en la provincia según CC OO: 56% en Alicante, 60% en Sant Joan, 68,5% en Elche; 47% en Dénia, 45% en Alcoy, y 42% en La Vila. En el centro de salud 1 de San Vicente suspendieron als extracciones de sangre no urgentes aunque predominó la normalidad, como en la Plaza de América o San Blas de Alicante. En general hubo una menor afluencia de pacientes.
De acuerdo con los primeros datos recogidos por estas tres organizaciones, el apoyo al paro en este sector está siendo "claro y contundente y debe ser una señal clara al Gobierno estatal y también al autonómico que la política de recortes en inversión a los servicios públicos y la agresión contra los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores son rechazadas de forma masiva atendiendo al esfuerzo realizado ejerciendo el derecho de huelga".
Para los sindicatos, "las cifras de la enseñanza pública no universitaria son lo suficiente homogéneas, tanto respecto a la distribución territorial como por niveles". Así, la horquilla de variación es, según estas fuentes, entre 4 y 5 puntos y va de menos en Primaria a más en Secundaria y de menor seguimiento en Castelló y mayor en la provincia de Alicante.
La cifra del 90% a la universidad "viene dada por el hecho que las universidades públicas valencianas no tienen hoy alumnado en sus aulas y muchas no han llegado a abrir", han explicado.
Con respecto al alumnado no universitario, su no asistencia ha sido "notable" en Secundaria y menor en Primaria, pero los sindicatos afirman que "más de la mitad de los estudiantes de estos niveles no han asistido a clase", han indicado.
En definitiva, señalan, "se trata de una huelga general exitosa en la enseñanza valenciana que hoy ha dicho no a la reforma laboral y no a los recortes en servicios públicos".
Saturación universitaria
Los rectores advierten la necesidad de racionalizar la oferta académica ante el riesgo de una inflación de titulaciones
MAITE DUCAJÚ, VALENCIA Nadie reconoce que la implantación de universidades sea rentable pero, en menos de veinte años, en la Comunitat Valenciana se ha pasado de cuatro a once, dos de ellas aun en proyecto. Intereses económicos, urbanísticos, ideológicos, religiosos, políticos, además del menos espurio y primigenio que es el objetivo de formar a los jóvenes, mueve la puesta en marcha de algunas de estas instituciones académicas que preparan grupos de élite y presión para el futuro aunque también pueden saturar el mercado laboral con más graduados.
El anuncio de creación de la Universidad Católica San Antonio en Alicante, que entre otras carreras impartirá Medicina, ha disparado todas las alarmas en aquella provincia y en el conjunto de la comunidad. Menos preocupación ha despertado el proceso de transformación en universidad de la sede adscrita que la Europea de Madrid tiene en Valencia, a la que le queda seguir los trámites administrativos pertinentes para su aprobación.
La noticia del campus católico, cuyo origen está en el Arzobispado de Murcia a imagen del que hay allí y con una inversión inicial de 40 millones de euros, no le ha gustado a nadie; solo al alcalde de Sant Joan que les cede 50.000 metros cuadrados municipales para que construya el complejo académico con la esperanza de que atraiga inversión y puestos de trabajo.
Suerte similar a la que ha tenido la Universidad Católica de Valencia, totalmente implantada y comiendo terreno a otras de más solera. En menos de una década, ha logrado extenderse sobre quince campus, algunos gracias a la cesión municipal de solares, como en Torrent cuando era alcaldesa la actual consellera de Educación María José Catalá, o de edificios, como el de Marqués de Campo. El apoyo del expresidente Francisco Camps al que era Arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, fue decisivo para su impulso.
Esta semana, los rectores han mostrado su aprensión a la implantación de trece grados más en un momento de crisis en el que se está apostando por la racionalización y se insiste a la Generalitat que regule un mapa de titulaciones para evitar solapamientos. Todas las carreras que la Católica impartirá en Alicante ya están en marcha en la comunidad en centros públicos y en privados.
De nada sirve la Ley de Coordinación universitaria, aprobada por las Corts Valencianes en 2007. La falta de información por parte de la Conselleria de Educación al conjunto del sistema universitario valenciano a través de los órganos competentes, como el Consell Universitari, ha molestado a los rectores de los centros públicos.
El responsable de la Politècnica de València y presidente de la Conferencia de Rectores, Juan Juliá, declaró al conocer la noticia que «en tiempos de crisis hay que optimizar la oferta de titulaciones y no aumentar la competencia».
Y Juliá lo comenta con conocimiento de causa ya que su universidad decidió hace más de dos años, y para rentabilizar recursos, reducir sus 58 carreras en 34 —35 cuando impartan el curso próximo Ingeniería Biomédica— atendiendo a la demanda de alumnos.
La Universitat de València, la mas antigua con cinco siglos, ha descartado, de momento, implantar Veterinaria por los elevados costes que supone su puesta en marcha —necesita de una granja y una clínica para animales— y ha anunciado que el curso próximo dejará de contratar a 375 profesores asociados con la consiguiente supresión de 1.111 grupos, que no se llenaban suficientemente, «para optimizar recursos».
Su vicerrectora de Estudios, Isabel Vázquez, indicó a Levante-EMV que «el Ministerio de Educación ha hecho una llamada a la racionalización y eficiencia en los estudios universitarios y, en esta misma línea, la Consellería de Educación, Formación y Ocupación convocó recientemente a vicerrectores de las universidades públicas valencianas para comenzar a trabajar en un mapa de titulaciones y en un modelo de aplicación».
Así, en su opinión, «no parece coherente que se pretenda llevar a cabo una racionalización en las universidades públicas, lo que en este momento parece muy sensato, y no se ejerza ningún tipo de intervención frente a la creación y expansión de universidades privadas. Es cierto que en las universidades privadas se imparten mayoritariamente titulaciones de salud y de educación que tienen gran demanda, pero también hay que valorar no generar un exceso de oferta de estas titulaciones y la sobresaturación del mercado laboral para estos titulados».
Al respecto, la dirección general de Universidades de la conselleria contestó por escrito que este departamento «no tiene competencia en la creación de la Universidad Católica, que se enmarca dentro de los acuerdos Iglesia Estado» aunque «velará por la calidad y la excelencia de la enseñanza universitaria. En cuanto llegue la propuesta, la estudiará igual que se ha hecho con todas las que se han implantado en la comunidad».
Lo cierto es que siempre ha habido un cierto desbarajuste a la hora de crear nuevas universidades, en este caso públicas. En ocasiones, ha respondido a caprichos de los gobernantes y, en otras, a la necesidad de vertebrar en momentos de bonanza económica, lo que supuso la creación de nuevos campus dependientes de las ya existentes.
La Jaume I de Castelló fue una apuesta socialista a finales de los ochenta frente a la corriente nacionalista que imperaba en la Universitat de València y la Miguel Hernández surgió como un pulso entre cartageneros, el que echó a consta de la autonomía universitaria el expresidente de la Generalitat, el popular Eduardo Zaplana, al entonces rector de la de Alicante, Andrés Pedreño, hasta el punto de trasladar la titularidad de su Facultad de Medicina. La consecuencia es que la más moderna de las instituciones académicas, año tras año, tiene grados, sobre todo los relacionados con las ingenierías agrícolas, que en su primer curso apenas registra alumnos. De 2.440 plazas que ofertó, le quedaron 300 sin adjudicar en julio.
En cuanto a la universidad virtual (VIU), creada en la primera década del 2000 desde la misma conselleria, es un centro a distancia valenciano con aspiraciones internacionales para competir con la UNED, pero que no consigue levantar vuelo. Apenas 700 alumnos y dos grados, ésta vez sí, para no saturar el mercado ante el ojo avizor de los rectores de la pública.
Precisamente, el director del centro de Valencia/Alzira de la UNED, Javier Paniagua, aseguró que nuevas universidades «pueden producir una inflación, con carreras que no tienen más que cinco o seis alumnos, porque se producen duplicidades que puede provocar el colapso del sistema universitario. Por eso, el ministerio ha recomendado que en grupos con menos de 40 alumnos, éstos desaparezcan».
LA PRIMERA QUEBRÓ
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SOCIEDAD
La «bofetada educativa» está aún de moda en Italia
En algunos casos no es siempre un mal recurrir al viejo pescozón. Puedo ser incluso educativo. Así lo piensa el 27 % de los italianos. Pero una mayoría de las familias, el 50 %, considera el diálogo con los hijos el valor fundamental, mientras que para el 35 % lo es el escucharles. Son datos de encuesta realizada por la ONG Save the Children en el contexto de una investigación sobre Los métodos educativos y el recurso a los castigos físicos. El mismo sondeo pone de relieve que el 22 % de padres y madres con hijos entre 3 y 16 años recurre al bofetón, azotaina o pescozón alguna que otra vez al mes, y el 5% casi todos los días. A estos se añade un 49 % que lo utiliza excepcionalmente.
Con relación a una encuesta anterior de Save the Children, hay un aumento del recurso al bofetón entre los padres con hijos entre 6 y 16 años, y una disminución hacia los niños más pequeños.
Entre los principales motivos por los que se recurre al castigo físico está «la exasperación, el miedo, la reacción del momento». Las consecuencias de la bofetada en los niños no son consideradas necesariamente negativas. Para el 57 % de los padres, dar un pescozón alguna que otra vez no ha hecho mal a nadie, y para el 26 % ha podido tener incluso un efecto benéfico para convertirlos en adultos educados.
No se puede considerar neutro un castigo físico como una bofetada. «En realidad, las consecuencias de un bofetón, sobre todo si es reiterado, son claramente negativas. Un niño puede hacerse con el pasar del tiempo agresivo y nervioso, o incluso deprimirse. Es importante que los padres sean conscientes de ello», afirma el director de Save the ChildrenItalia, Valerio Neri. En consecuencia esta ONG se opone firmemente a cualquier castigo físico de cualquier naturaleza y apoya una paternidad positiva, con autoridad y fundada en una educación no violenta. Con este objetivo, se esta realizando una campaña a nivel europeo, en colaboración con la Sociedad Italiana de Pediatría y Pedagogía, con el lema Educate, do not punish (educar, no castigar). Se trata, en definitiva, de ayudar a los padres, no culpabilizándoles, sino demostrando que es posible mantener la disciplina y autoridad con un modelo educativo no violento.
