dimecres, 30 de maig del 2012

Notícies dimecres 30 maig 2012

 

230 personas reciben aviso de sanción por la ‘primavera valenciana’

Concentración de rechazo ante el Lluís Vives a las multas, que podrían alcanzar los 6.000 euros

 

 

 

 

 

“A mí me multaron una vez por saltarme un semáforo, y la pagué porque lo vi justo”, explica una joven que prefiere no dar más datos, “pero esta me niego rotundamente a pagarla”. Es la respuesta general a las 230 sanciones “graves” que han recibido por parte del Gobierno central los participantes en la llamada primavera valenciana. En concreto, los que fueron identificados frente a la comisaría de Zapadores, en Valencia, tras las protestas frente al IES Lluís Vives.

“Nos tenían cercados sin dejarnos ni siquiera ir al baño”, recuerda un estudiante. “Fuimos pasando en grupos pequeños y se apuntaron nuestros datos en un papel”, explica. De estas identificaciones —230, según concretó la Delegación de Gobierno valenciana— han salido las infracciones severas, que oscilan entre los 300,51 y los 6.010,12 euros, por las que se reunieron ayer frente al instituto donde prendió la llama. Allí indicaron que el objetivo de estas acciones era “provocar miedo en las personas y servir de medida ejemplarizante para otros sectores de la sociedad”. “Tanto la Delegación de Gobierno como la policía tratan de culpabilizar y criminalizar a todas las personas registradas para limpiar su imagen y desviar la atención de ellos mismos, verdaderos culpables”, denunciaron. Con una pancarta que decía “Ni recortes ni opresión”, las personas congregadas —entre las que había profesores y estudiantes menores de edad— expresaron su intención de defender sus derechos “con todos los mecanismos jurídicos y mediáticos posibles”.

“Los procedimientos abiertos se han llevado a cabo con solo un párrafo explicativo y de forma general”, señalaba Sebastián Cabanes, miembro del colectivo Alerta Solidaria, “para atemorizar ante futuras protestas y amedrentar a menores, que son la mayoría de los afectados”

“Los procedimientos abiertos se han llevado a cabo con solo un párrafo”, señaló un miembro de Acció Solidaria

En las notificaciones se les achaca la participación en “una concentración no comunicada frente a las dependencias policiales, negándose a disolverse a pesar de los repetidos requerimientos de los agentes, dirigiendo insultos contra ellos, ocasionando desórdenes públicos y provocando cortes de tráfico en la vía pública”, según precisa el documento.

“Eran detenciones arbitrarias, con prepotencia política y policial y un despliegue casi militar que supone un punto de inflexión en los retrasos de las manifestaciones públicas”, declararon los participantes. “La gente se está coordinando para alegar y recurrir todas las notificaciones”, apuntaron, “porque si se pagan se da por hecho una culpabilidad, y lo que queremos remarcar es que no somos culpables”, zanjaron.

“Creemos que se está produciendo un chantaje”, advirtió Josep Villanova, uno de los profesores apercibidos, “porque saben que muchos pagarán por miedo o por preocupación de los padres”. Además, Villanova destacó que las alegaciones se van a fundamentar en que “todo de lo que se nos acusa es falso” y que no aparece “ningún nombre más que la mención de la Unidad de Policía número 3”.

Desórdenes graves

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Valencia, los avisos de sanción son 230. De ellos, 171 son a personas mayores de edad y 59 a menores. La Subdelegación destaca que se basan en las denuncias del Cuerpo Nacional de Policía por lo previsto en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y, en concreto, por lo establecido en el artículo 23d sobre “negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público” y en el 23n, referente a “originar desordenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos”. De acuerdo con esta norma, se han considerado los incidentes como infracción administrativa grave, con 301 euros (cuantía mínima que recoge la ley) para los mayores de edad; 200 para los menores de 16 a 18 años, que son 53 casos, y 100 euros para los seis que se encuentran en la franja de los 14 a los 16 años.

La decisión de diferenciar entre menores y mayores de edad parte del año 2001, después de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La instrucción adecuó el ejercicio de la potestad sancionadora a lo dispuesto en esa ley cuando se refiere a menores, según han detallado desde la institución.

 


 

COMUNITAT

5.000 plazas docentes menos por los ajustes

30.05.12 - 00:59 -

La Federación de Enseñanza del sindicato CC. OO. PV denunció ayer que las medidas de ajuste del gasto educativo, como la ampliación de la jornada lectiva en Secundaria y el aumento de las ratios, supondrán que el curso que viene hayan 5.000 plazas docentes menos. La cifra sale de un muestreo realizado entre los centros y coincide con el número actual de interinos que cubren alguna vacante en el sistema. Dicho de otra forma, significa, siempre según el sindicato, que el curso que viene no habrán contrataciones de profesionales interinos.

 

POLITICA

Interventores del Consell revisarán las ayudas a los colegios concertados

El conseller Vela marca distancias con sus antecesores: «No es lo mismo estar echando carbón a la caldera que llevando el timón» 

30.05.12 - 01:05 - 

F. RICÓS | VALENCIA

 

La unidad especial de control del servicio de Intervención del Consell extenderá la fiscalización también a los conciertos educativos con centros de enseñanza privados, según anunció ayer en Les Corts José Manuel Vela, conseller de Hacienda.

Vela compareció durante cuatro horas en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda para dar cuenta sobre esta unidad de intervención, el penúltimo plan de reequilibrio presupuestario superado por el actual en vigor, el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el presupuesto autonómico de 2010 y para responder si iba a llevar a Les Corts el actual plan de reequilibrio.

El conseller incidió en que la unidad de control fiscaliza seis áreas específicas en las que se producen gastos «que alcanzan cifras muy considerables», como el destinado al pago de medicamentos, el turno de oficio, los gastos en centros docentes no universitarios, en las encomiendas a la empresa pública Vaersa por parte de Infraestructuras y Agricultura, el gasto de personal de La Fe y los que generan las sustituciones en los colegios. De ahí que «dado el volumen» que se abona a los centros de enseñanza concertados se incluya su fiscalización en futuros informes.

El conseller anunció que el informe sobre gasto farmacéutico fue remitido el lunes a los colegios del ramo y en 15 días o antes estará terminado. El de La Fe debe de estar listo el 15 de junio y el del gasto del profesorado, el 6 de julio. Un día antes prevé Vela que tendrá el de Vaersa y sobre el de la asistencia jurídica gratuita reconoció que no se ha iniciado el trabajo.

Rafael Rubio, del PSPV, incidió en que si ahora se realizan esos controles «debemos entender que antes no se hacían» y definió la puesta en marcha de la unidad especial de control como «un lavado de cara». El conseller le contestó que era una «cuestión de alcance» fiscalizar áreas a las que antes no se llegaba con la profundidad con la que se alcanza ahora.

Ignacio Blanco se preguntó por qué no se fiscaliza el gasto en RTVV, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el aeropuerto de Castellón o la Epsar (la empresa pública de las depuradoras), mientras que Mireia Mollá, de Compromís, le recordó que en anteriores legislaturas Vela fue «una persona clave» en esa misma conselleria.

«Sí, yo estaba antes, pero no es lo mismo estar en un barco echando carbón a la caldera que ir llevando el timón. No es lo mismo. Se tiene perspectiva estando al timón y se toman decisiones», contestó el conseller que recordó que en anteriores legislaturas, bajo el mandato de Gerardo Camps o Vicente Rambla como responsables de Hacienda, «si había tormenta los que se mojaban eran ellos. Yo estaba a cubierto». El conseller no se desligó de aquella época -dijo que fue un honor haber trabajado con ellos- pero marcó distancias.

Vela incidió en que «se me llena la boca al pedir al señor Rajoy un cambio en el sistema de financiación para la Comunitat» y repitió la necesidad de que el Gobierno arbitre un mecanismo, «llámase hispanobonos o como sea» que garantice que las autonomías puedan renovar su deuda para sobrevivir.

El conseller dijo que si no hay hispanobonos no se podrá cumplirse el plan de pagos a los ayuntamientos, igual que algunos proveedores, porque son «la solución» a la falta de liquidez.

Vela, a pregunta del síndico de Compromís, Morera, dijo que cambiar los presupuestos para 2012 por el plan de reequilibrio en vigor «sería una temeridad» porque, en esencia, el plan no modifica las cuentas previstas para este año y que una cosa es el presupuesto aprobado y otra su ejecución.


 

El PP considera la escuela concertada "un pilar fundamental" para la libre elección de centro

La secretaria nacional de Educación, Sandra Moneo, avanza que la reforma de la LOE buscará "la mejor fórmula" para garantizar ese derecho a los padres

 

Los miembros del PP continúan haciendo oídos sordos a las peticiones populares que, desde diversos ámbitos, solicitan al Gobierno de Mariano Rajoy que no aplique el tijeretazo -ya aprobado- en Educación. 

Pese a la huelga protagonizada el pasado 22 de mayo por toda la comunidad educativa (sindicatos, profesores y alumnos de todos niveles), el enfado de los rectores de las universidades y las críticas de la oposición, los conservadores siguen defendiendo su Real Decreto-ley de medidas de racionalización del gasto en Educación.  

La secretaria nacional de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, ha sido la última en pronunciarse al respecto. Esta mañana, en un desayuno de prensa, alabó al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, quien, frente a las críticas, "es un aval para las reformas del sistema educativo", declaró.

"Conoce perfectamente las reformas que hay que acometer", continuó Moneo, "ya que es una persona absolutamente empapada de cuál es la situación actual del sistema educativo".

La también portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso también defendió,como hizo en su día su homólogo en Sanidad, José Ignacio Echániz, la colaboración público-privada en la gestión de la enseñanza. "La escuela concertada es un pilar fundamental en el ejercicio de la libertad de enseñanza", espetó. "Sin libertad de elección no  hay calidad", sentenció después. 

Para justificar su opinión, Moneo argumentó que el artículo 27 de la Constitución defiende el derecho de los padres a elegir centro educativo, modelo y tipo de educación para sus hijos. Por eso, según la portavoz del PP, la reforma de la actual Ley Orgánica de Educación buscará "la mejor fórmula para que ese derecho sea una realidad".

En cuanto a las movilizaciones, concentraciones y huelgas de los últimos días, Moneo les quita importancia: "Todos los cambios han tenio respuesta social; ningún ministro de Educación se ha quedado sin movilización", explicó. "Y la respuesta social hay que valorarla y calibrarla en su justo término".

Por último, la secretaria nacional de Educación e Igualdad detalló las esperanzas que su partido tiene en que la reforma educativa -que podría entrar en vigor en el curso 2013-2014- "tenga undesarrollo eficiente, riguroso y rápido, pero sobre todo dialogado y, en la medida de lo posible, consensuado".

En este sentido, señaló el futuro estatuto del docente, el cambio en el sistema de acceso a la profesión y la autoridad del profesor, los nuevos contenidos en Secundaria y la ampliación delBachillerato a tres años de duración como algunos de los puntos clave de la nueva ley. Moneo también adelantó que, "en los próximos días, tanto el Gobierno como el PP iniciarán un diálogo con sindicatos y asociaciones" porque "ninguna reforma tendrá éxito si no están los profesionales", concluyó.


 

Los alumnos de Primaria podrán entrar en los centros elegidos en primera o en segunda opción

El concejal de Educación asegura que sólo se aumentará la ratio a 28 escolares de manera puntual en los colegios de la zona Centro-Altabix

 

A. FAJARDO El concejal de Educación, Daniel McEvoy, asegura que todos los alumnos de Primaria entrarán en los colegios que han elegido con prioridad en la primera y segunda opción y que la ratio de 25 escolares por clase se mantendrá, excepto en casos puntuales de la zona Centro-Altabix.

Después de la última comisión de escolarización de Primaria, McEvoy ha destacado que "a diferencia de otros años no ha sido necesario llegar al cuarto o quinto centro educativo seleccionado por los padres". Una circunstancia, que según el edil de Educación ha sido posible "gracias al trabajo conjunto y al buen entendimiento entre la Concejalía de Educación y los componentes de la comisión de escolarización".

Asimismo, según Daniel McEvoy, el próximo curso no será necesario aumentar la ratio hasta el 20% en los centros escolares y todos los colegios de Educación Primaria contarán con 25 alumnos por aula.

Sin embargo, el concejal de Educación ha precisado que sí que se incrementará el número de alumnos por clase de manera puntual en los colegios de la zona Centro-Altabix. "El aumento de ratio se llevará a cabo en uno o dos casos puntuales, pero no superarán los 28 alumnos permitidos por ley".

Así, por distritos del nuevo mapa escolar los centros de la zona norte, noroeste, suroeste, sur, sureste y el Camp d'Elx tendrían una ratio de 25 alumnos. Mientras que la zona Centro-Altabix aumenta la ratio a 28 en algunos casos para poder ubicar en las primeras opciones a todos los alumnos. Según McEvoy, en ésta última zona han sobrado vacantes tanto en valenciano como en castellano.

Por otro lado, el concejal de Educación ha afirmado "que no será necesaria una próxima reunión para ver cómo va el proceso ya que se han cubierto todas las zonas".

Con ello, el 4 de junio saldrán las listas provisionales y el día 13 las definitivas. A partir de ahí, del 13 al 18 de junio se podrán realizar reclamaciones, el 19 de junio se llevará a cabo la resolución de dichas reclamaciones y del 18 al 26 de junio se abrirá el plazo para las matriculaciones.

Reivindicaciones
Por otro lado, la asamblea comarcal de profesores acordó en la sesión de ayer realizar una hoguera reivindicativa contra los recortes el 21 de junio. Unos 80 docentes se reunieron ayer para evaluar las movilizaciones y acordar las próximas actuaciones. Entre ellas, los docentes aprobaron realizar una jornada de puertas abiertas en los centros educativos por las tardes para mostrar a las familias el interés del profesorado por una enseñanza de calidad. Según Pep Coll, portavoz del STEPV, esta iniciativa se pretende repetir en el mes de julio. Además, los profesores informarán a los padres en las reuniones de final de curso sobre qué supondrán los recortes en las aulas.

El PSOE sale en defensa de las escuelas infantiles
La concejal del PSOE, Blanca González ha defendido las escuelas infantiles municipales y ha destacado que son parte de "la bandera del socialismo". La edil ha criticado al concejal de Educación, Daniel McEvoy por "las falsedades vertidas en el pleno municipal con las que insinuó que el PSOE quería cerrar las escuelas infantiles municipales".

Según Blanca González, las cinco escuelas infantiles municipales, impulsadas por los gobiernos socialistas han sido un modelo a seguir "no solo por el número sino por la calidad de ellas, a pesar de la reducción de subvenciones por parte de la Conselleria de Educación que ha sido brutal". En este sentido, la edil socialista destaca que sólo la escuela Rosa Fernández, situada en el barrio de los Palmerales, recibe una ayuda de 80.000 euros para el desarrollo de programas sociales y es por parte de la Conselleria de Bienestar Social. Además, González apunta que "el PP solo se ha interesado por las escuelas infantiles municipales para lanzar amenazas de cierre". En esta línea, la concejal socialista ha recordado que "la Generalitat Valenciana se opuso a recibir el dinero del gobierno central del programa Escuela 3.0 con fondos para invertir en centros de educación infantil". También, la edil ha recordado la promesa electoral incumplida del PP de la creación de 40.000 plazas de educación de 0-3 años.

 

dilluns, 28 de maig del 2012

Notícies dilluns 28 gener 2012

 

 

ALICANTE

Por profesor en la calle, 40.000 euros de ahorro

27.05.12 - 00:06 - 

E. BROTONS | ALICANTE.

 

Docentes sin plaza se plantean cambiar de oficio al prever que el próximo curso no trabajarán

El 63% de los interinos afectados está en la provincia

LA FECHA

30

de junio serán despedidos todos los interinos.

«Mi trabajo me encanta, pero me planteo irme a la empresa privada», afirma un joven interino

¿Dónde están los interinos? Esta es la pregunta que se hacía a los profesores que en la segunda jornada de huelga que ha vivido el sector tomaron las calles de Alicante. El paro, desigual, tuvo finalmente tirón el tercer día cuando se contó con el apoyo de padres y alumnos y en una manifestación masiva: 25.000 voces clamaron contra los recortes. Una protesta que no ha hecho cambiar de idea a la consellera del ramo, María José Catalá, en sus medidas de ahorro.

«Muchos interinos están trabajando porque con lo que les van a descontar no pueden hacer tanta huelga. En junio les van a despedir», recordaban unas profesoras de Elche.

Así es. Encontrar a un interino entre los miles de docentes que hacían la marcha era prácticamente una odisea. Y eso que la provincia es la cuna de los interinos. La horquilla está entre los 3.500 y más de 7.000 en la Comunitat, y todos ellos dejarán sus puestos a partir del 30 de junio. No hay visos para muchos de volver a pisar las aulas y sin oposiciones, estarán de brazos cruzados. Hay más de uno que ya se plantea cambiar de oficio.

La Conselleria de Educación se ahorrará por cada uno de los profesores que no vuelva a 'llamar a filas' una media de 40.000 euros brutos anuales, según las estimaciones de UGT. Y la provincia es precisamente la más afectada, con un 63% de interinos, aunque la titular todavía no ha querido pronunciarse sobre el número de docentes que ya no serán necesarios.

Los sindicatos aseguran que serán miles porque el próximo curso las ratios en colegios e institutos subirán un 20% y aumentará también la jornada lectiva. Se suprimirán plazas y sobrarán profesionales. No hay marcha atrás y esta semana -hay prevista reunión de organizaciones sindicales y Educación- podría desvelarse el pastel.

«Por supuesto que va a repercutir en la calidad de la enseñanza por mucho que se empeñen en decir lo contrario». María (34 años) lleva ya ocho años de interina, trabaja en un colegio de Crevillent y vive «con incertidumbre». Sus esperanzas están en las jubilaciones de compañeros, pero «tampoco las tengo todas conmigo porque van a suprimir plazas». Sin convocatoria de Oferta de Empleo Público (OPE), tiene claro que «si no me llaman, me tendré que buscar trabajo en otra cosa».

Igual que Francisco (28 años), muy consciente de que su futuro a corto plazo no estará en el sistema educativo. Profesor de Matemáticas en un instituto de Elche asegura que «me iré a la calle porque sobramos muchos». Durante los últimos cuatro años ha estado trabajando en Murcia, Aspe y Elche, y se quería presentar a las oposiciones en Andalucía -una de las pocas autonomías que anunció convocatoria- pero han sido paralizadas.

«Mi trabajo me encanta, disfruto, pero tendré que cambiar de sector y quizás irme a una empresa privada o algo así», lamenta este joven, que está participando activamente en todas las movilizaciones convencido de que las medidas que aplicará la Administración «repercutirán en mis alumnos».

En la misma situación se encuentra Esther (30 años), al que se le ha acabado la sustitución que cubría en un colegio de Valencia. Es alicantina pero no dudó en desplazarse de provincia con tal de poder trabajar unos meses. «Es desesperante ver cómo pasa el tiempo y no tienes oportunidad». Su pesimismo es aún mayor cuando piensa en su futuro a partir de septiembre. «No hay oposiciones a docente en prácticamente ningún sitio y no sé qué voy a hacer. Clases particulares, pero dan para poco».

Jorge (44 años) no ve «futuro de ninguna manera». Ha trabajado este curso solo tres meses y tres días y «el que viene será ninguno». Con dos hijos, se apoya en el sueldo de su mujer -también profesora-, y todos los días se pregunta «dónde voy a ir ahora y en qué me reciclo». Se ha presentado a todas las ofertas de empleo que se convocaban, pero pese a aprobarlas no ha logrado plaza. Hace siete años conseguía trabajar prácticamente cursos completos. Ahora, «será imposible».

Su compañero Agustín (53 años), también interino, es más optimista. Quizás por su antigüedad en la profesión: más de dos décadas en las aulas. Aún así, «tienes tus dudas porque cada día están planteando nuevos recortes».


EDUCACIÓN | Centros públicos

Los padres de la revolución educativa

La palabra es "indignados". Así están los padres ante los recortes en Educación anunciados por el Gobierno valenciano, algunos de los cuales han comenzado ya a aplicarse. Admiten que la austeridad puede ser la mejor medicina en tiempos de flaquezas económicas, pero no entienden que el forzado credo del recorte para hacer frente a la crisis afecte a la educación de sus hijos. "No estamos dispuestos a tolerarlo".

En un clima de ptotesta generalizada, de profesores a alumnos, pasando por los sindicatos del sector, 200 padres de los seis colegios públicos de la localidad valenciana de Manises han decidido decir 'stop' a las políticas de su Ayuntamiento y de la Generalitat en materia educativa. Piden que no se reduzca el personal docente, que se cubran las bajas de profesores, que se pague con normalidad a los colegios el servicio de comedor y los materiales, que no se masifiquen las aulas y que no se reduzcan las becas y ayudas. No están dispuestos a que los agujeros que ha dejado "la corrupción y el despilfarro" los paguen sus hijos. "La Educación debe ser lo primero".

Su inequívoco mensaje destinado a los políticos busca calar hondo en la ciudadanía, difundirse por "todos los cauces necesarios" para que los gobernantes de los distintos municipios no sigan"anteponiendo costosos proyectos que son menos necesarios a la educación de nuestros hijos".

En Manises, sin ir más lejos, se construye un monumental auditorio con dos teatros que tiene un coste de nueve millones de euros. "Con la tercera parte se levantaría un nuevo colegio que aliviara elexceso de alumnos en los centros públicos" de esta población cercana a Valencia.

No hay dinero para la Educación pero sí para una gran superficie de ocio y deporte de más de 140.000 metros cuadrados, "la mayor parte destinada al ocio", según apunta Enrique Deltoro, padre del colegio García Planells, en el que las aulas construidas para albergar a 25 alumnos tendrán que adaptarse ahora para dar clases con al menos 30 estudiantes.

En un municipio gobernado hasta el pasado mes de febrero por el popular Enrique Crespo, imputado por un agujero económico de entre 25 y 40 millones de euros durante su gestión al frente de la depuradora de Pinedo, surge un movimiento ciudadano que no está dispuesto a parar "hasta que nuestros hijos dejen de pagar los errores de los políticos". "Que no se olviden de que los ponemos y los quitamos nosotros", recuerda Marco Villena, padre del colegio Enric Valor, para quien "está llegando el momento de plantearnos alternativas a los partidos mayoritarios".

Manises cuenta con seis colegios públicos, "dos de ellos ubicados en un hoyo" y un tercero en las afueras del casco urbano, en un entorno de acequias y barrancos en el que "es fácil ver ratas y hasta serpientes". Todos los centros empiezan a compartir una floreciente realidad: "la masificación".

Volviendo al Colegio Joan Fuster, el "más deteriorado" según Ester Guillamón, una de las madres del centro, encontramos una amplia lista de denuncias y reivindicaciones, desde la malograda ampliación de sus instalaciones, "taponada" por la construcción a escasos metros del Hospital de Manises, hasta la peligrosidad de los accesos, goteras, un entorno insalubre y una discutible accesibilidad para un colegio referente en la admisión de alumnos con discapacidades físicas.

Miles de personas han salido en las últimas semanas a la calle en todo el país para denunciar los recortes educativos. Manifestaciones, paros y hasta una huelga general en la Enseñanza han tratado de presionar a los gestores públicos en la cruzada por una educación pública de calidad. En Manises son 200 padres los que han encendido la llama, pero "vamos a ser muchos más", advierten, y "no pararemos hasta que la educación de nuestros hijos sea lo primero".

Muchos de ellos nunca se habían manifestado, jamás habían participado en una protesta vecinal, pero "el tiempo que tenemos al estar desempleados" y la receta de la Administración contra la crisis les han hecho reaccionar despertando su conciencia ciudadana. He aquí la revuelta educativa.


Los colegios privados invierten en más aulas en plena crisis del sector público

El Ayuntamiento tramita varias peticiones de licencia de centros educativos de pago para ampliar sus instalaciones

 

SYLVIA ESCRIBANO 
Mientras que los recortes y la masificación de aulas han puesto entre las cuerdas a la enseñanza pública, el sector privado sigue invirtiendo para aumentar sus plazas. De hecho, en el último mes el Ayuntamiento de Alicante ha autorizado la ampliación de un colegio de pago y ha recibido la solicitud de otro para construir un edificio anexo a sus instalaciones. Desde estos centros sostienen que la intención es mejorar su oferta educativa, pero los sindicatos hacen otra lectura y apuntan a una planificación ante la posibilidad de que los recortes que afectan a la enseñanza pública y concertada puedan incrementar la demanda en los centros privados.
Es lo que el secretario de Enseñanza de CC OO, Francisco García, denomina "efecto boomerang". El sindicalista explica que "a medida que los recortes degraden los centros públicos y concertados, puede que más familias con poder adquisitivo se decanten por los centros privados". En otras palabras, "que se genere un mayor mercado" para los colegios de pago. La situación, como asegura García, ya se está dando en otras comunidades autónomas como Madrid, donde "los privados se están planificando para ampliar su oferta o los concertados quieren volver a ser privados". 
Lejos de ello, desde los centros de pago aseveran que detrás de la decisión de ampliar sus instalaciones, en contraste con la parálisis de inversiones en el sector público, existe una intención de completar su oferta. Así lo aseveran desde el colegio Ángel de la Guarda de la Albufereta, que ha pedido licencia a la Gerencia Municipal de Urbanismo para construir un edificio anexo a las dependencias actuales y destinarlo a la etapa de Bachillerato. 
La inversión ronda el medio millón de euros y, según sostiene el jefe de administración del centro, Agustín Castellano, "no nos mueve aprovechar la coyuntura, sino la necesidad". Al respecto, subraya que "nuestra aspiración siempre ha sido ofrecer una oferta educativa completa y que al terminar cuarto de la ESO nuestros alumnos no tuvieran que marcharse a cursar Bachillerato a otro centro". Castellano incide en que "somos un centro religioso y la enseñanza no es un negocio porque nosotros reinvertimos en educación". Eso es lo que, según afirma, les permite acometer la inversión en plena crisis.
Pese a la difícil situación económica del país, otro centro privado, el Colegio Británico, tiene intención de invertir cerca de 150.000 euros para ampliar sus instalaciones con más aulas y un gimnasio. La jefa de administración, Inmaculada Estrada, reconoce que, aunque el centro no es ajeno a la crisis, el impacto de la situación económica no es tan acusado como en la escuela pública. No obstante, argumenta que la decisión de ampliar las instalaciones obedece a que "nos hacía falta" por el incremento de alumnos experimentado desde la apertura del centro hace una década. 
Por su parte, el representante de CC OO insiste en que las familias que demandan enseñanza privada disponen "de cierto nivel adquisitivo" y que "en el mercado del lujo la crisis no afecta igual". Por ello, considera que los centros privados están en disposición de poder invertir y "prepararse" ante la posibilidad de que "se genere un mayor mercado para ellos con el deterioro de lo público". García considera que con los recortes y la masificación de las aulas que se está produciendo en los centros públicos y concertados "habrá familias que dispongan de ingresos y prefieran llevarse a sus hijos a centros privados para evitarse problemas".
Este sindicalista se muestra convencido de que los centros privados que han decidido ampliar sus instalaciones antes habrán realizado un estudio de mercado. Además, considera que en la Comunidad Valenciana "puede abrirse la senda" abierta por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, para "aumentar las desgravaciones fiscales para las familias que llevan a sus hijos a centros privados".

Rechazado el concierto de El Valle
La Conselleria de Educación ha rechazado el concierto solicitado por el colegio privado El Valle, en la Playa de San Juan. Aunque no existe notificación oficial, así lo evidencia el hecho de que este no aparezca en la relación elaborada por el Ayuntamiento de los centros que se pueden elegir para la matrícula de Infantil y Primaria de cara al próximo curso. En un principio, el concejal de Educación, Antonio Ardid, se mostró partidario de concertar únicamente la etapa de Infantil, la decisión última la tenía la Conselleria de Educación que, a la vista de la exclusión de El Valle del listado municipal de centros públicos y concertados, ha declinado finalmente la solicitud del centro. V. B.

 


 

Suben las tasas de los comedores escolares en junio por culpa de la deuda del Consell

Los padres tendrán que hacer un "donativo" para que los centros puedan seguir ofreciendo el servicio

NEREA SORIANO CASTELLÓ 
Los impagos de la Generalitat Valenciana se van a intentar paliar con un nuevo sobrecoste para los padres. En esta ocasión, los más de diez millones de euros que el Consell adeuda a los centros educativos de la provincia en becas del comedor van a suponer un incremento en las tasas de junio y septiembre. Así lo confirmó ayer el portavoz de los directores de los centros de Primaria y Secundaria de Castelló, Vicente Espejo, quien explicó que en los colegios con menos de cien comensales, lo padres tendrán que hacer un "donativo" para poder seguir ofreciendo el servicio. Espejo añadió que el incremento será "mínimo" para, únicamente, cubrir gastos, "no habrá ganancias". 
El incremento del coste del menú de los niños ya ha sido notificado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Vicente Blasco Ibáñez y el CEIP Fadrell de Castelló donde la subida será de un euro, aproximadamente, según fuentes consultadas por este periódico. De esta manera, el menú pasará de 4,25 euros a 5,25 euros para aquellos que se queden en el comedor todos los días. No obstante, para los niños que se queden a comer puntualmente el precio se eleva a casi los ocho euros. Según las mismas fuentes, los colegios han tenido que emplear los remanentes de los que disponían para poder mantener el servicio a lo largo del curso y ahora, ante la falta de liquidez, se han visto obligados a cobrar los menús más caros para poder pagar a los proveedores. 
Vicente Espejo reconocía ayer a este periódico que la situación es "insostenible" y que ya están "agotados" y "sin fuerzas" ante la pasividad del gobierno de Alberto Fabra "que no nos paga". 
Por otro lado, Espejo también apuntó que esta subida no se prevé que afecte a aquellas escuelas en las que haya alrededor de 120 comensales ya que esta cifra puede seguir sustentando el servicio. Sería el caso, por ejemplo, del colegio de Nuestra Señora de la Consolación de Castelló donde no hay previsto ninguna subida. El presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Emilio Segarra, apuntó que, normalmente, se suele mantener el número de alumnos que se quedan al comedor durante todo el año por lo que no habrá necesidad de subir el precio del menú.

Meses sin becas
Por su parte, la presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (FAPA) Penyagolosa de Castelló, María Dolores Tirado, recordó que las becas de comedor no se aplican a los meses de junio y septiembre al considerar que, como las clases se terminan a mediodía, "los niños pueden ir a comer a casa y no se precisa de este servicio". Además, apuntó que las tasas las han pagado siempre íntegramente los padres y que, en estos dos meses específicos, "puede variar dependiendo del número de niños que se queden".
Por último, cabe recordar que los centros educativos de la provincia llevan meses sin poder pagar a las empresas de comedor ya que la Generalitat les adeuda las becas desde que empezó el curso, según han denunciado sindicatos y asociaciones de madres y padres. De media, un colegio con 450 alumnos puede acumular una deuda de 30.000 euros solo en comedor. Además, el Consell tampoco ha pagado las ayudas de transporte.

 

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