Notícies dilluns 29 abril 2013. Jornada Continua.

 

La jornada continua divide a padres y Consell

Las AMPA niegan que una veintena de centros de Castelló haya dado luz verde al cambio y critican la falta de información

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ La posibilidad de que la jornada continuada se extienda a los centros educativos que así lo soliciten a partir del próximo curso ha abierto una nueva brecha entre los representantes de las AMPA y la Conselleria de Educación. Mientras desde el Consell reiteran que ofertarán a los centros la posibilidad de modificar sus horarios de docencia a través de los contratos programa, los padres y madres de alumnos critican la "falta de información" en torno a estas modificaciones.
En concreto la presidenta de FAPA-Castelló y la Confederación Gonzalo Anaya, M.ª Dolores Tirado, afirmó que "por el momento, el decreto que posibilita la modificación de jornada escolar no se ha publicado en el DOCV y la orden que debe regular el procedimiento de implantación de la jornada continua no se ha consultado a las organizaciones de AMPA en la  Mesa de Padres de la Conselleria de Educación". Tirado recordó que "la jornada continua no es posible con la normativa que hay en vigor, a escasos días de iniciarse el proceso de admisión del alumnado".
La representante de FAPA-Castelló remarcó así que la jornada continua "no se ha debatido aún este año ni en el seno de las asociaciones, ni en los colegios", por lo que calificó de "falsas" las informaciones aparecidas en los últimos días en las que se ratificaba el consentimiento de los padres y madres de una veintena de centros de Castelló para implantar la jornada continua, como los colegios de Benicàssim, el Palmeral y Santa Águeda. "No se ha presentado ningún proyecto por parte de los centros ni se ha tratado aún el tema, ya que no existe ninguna orden oficial que concrete las directrices para tramitar este proyecto", afirmó.
Cabe recordar que para poder optar a la tramitación del cambio de jornada en el consejo escolar, previamente se debe someter el proyecto a referéndum y requiere la aprobación por parte de dos tercios de los padres y madres del centro.
Las familias deben conocer todas las implicaciones de este cambio, especialmente sobre la calidad en la educación y el impacto en el alumnado, que deben primar sobre las cuestiones organizativas o económicas del nuevo horario. Por lo que, por el momento, al igual que toda la comunidad educativa, las asociaciones de padres y madres están a la espera de que la Conselleria concrete sus planes.

Próximo curso
Pese a las dudas de las AMPA desde el Consell ratificaron ayer a través de un escrito que la jornada continua podría ser una realidad el próximo curso para algunos centros. De hecho, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ofrecerá la posibilidad de implantar este nuevo horario en todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana el próximo curso a través de los contratos programa. La medida permitirá que los centros puedan solicitar la implantación de esta jornada, siempre y cuando la propuesta sea aprobada por el 85 % de los padres y madres.
El contrato programa es un documento que la administración y los centros suscriben por el cual estos se comprometen a cumplir unos determinados objetivos de calidad educativa y a recibir a cambio recursos, tanto materiales como de personal, en función de sus necesidades. Se trata de la primera vez que Educación abre la posibilidad de una modificación en la jornada lectiva de forma generalizada, a la que podrán acogerse todos los centros públicos y privados concertados de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. También se podrá aplicar a los centros de educación especial.
Educación aseguró que esta medida "impulsa la autonomía de los centros, puesto que podrán implantar un horario general coherente con sus criterios pedagógicos y con sus recursos económicos, materiales y humanos". Aunque el horario general del centro se desarrolla exclusivamente en horario de mañana, una vez finalizadas las actividades lectivas y hasta la conclusión de la permanencia del alumnado en el centro, hasta las 17 horas, se realizarán servicios complementarios.

Castelló: Las AMPA niegan la implantación de la jornada continua para el próximo curso

 

Fapa-Castelló Penyagolosa desmiente las declaraciones aparecidas en prensa esta semana, a través del sindicato ANPE; en las que se hacía referencia al interés de una veintena de AMPAS en la implantación de la jornada continua para el próximo curso. En la noticia citaba a los colegios de Benicàssim, el Palmeral y Santa Águeda, entre otros, en los cuales se afirmaba contar con el consentimiento de los padres y madres para modificar la jornada escolar. 

Al respecto, las AMPA de ambos centros han emitido un comunicado para desmentir dichas declaraciones ya que, según apunta la junta directiva de las asociaciones de padres y madres citadas: "La jornada continua no se ha debatido aún este año ni en el seno de las asociaciones, ni en los colegios. 

Tampoco se ha tratado entre las AMPA de ambos centros, ni con el ayuntamiento, como también se afirmaba en la noticia". El resto de AMPAs consultadas, que han aparecido también en prensa a favor del cambio de jornada, han informado a FAPA-Castelló que tampoco se les ha presentado ningún proyecto por parte de los centros y que, ni tan solo, se ha tratado aún el tema ya que no existe ninguna orden oficial que concrete las directrices para tramitar este proyecto.

Por su parte, la presidenta de FAPA-Castelló y la Confederación Gonzalo Anaya, Mª Dolores Tirado ha afirmado que: "por el momento, el decreto que posibilita la modificación de jornada escolar no se ha publicado en el DOCV y la orden que debe regular el procedimiento de implantación de la jornada continua no se ha consultado a las organizaciones de AMPAs en la Mesa de Padres de la Conselleria de Educación. Con lo cual, la jornada continua no es posible con la normativa que hay en vigor a escasos días de iniciarse el proceso de admisión del alumnado".

No obstante, las AMPA de los centros de Benicàssim citados han explicado que sólo existe la posibilidad, según las últimas informaciones, de que algún colegio quiera presentar un proyecto experimental de cambio de jornada para el curso 2013-14.Però, insisten que ni El AMPA del CEIP Sta. Águeda, ni el del CEIP Palmeral van a promover esta solicitud, y menos en fecha previas a la apertura de la matrícula del siguiente curso.
Así las cosas, la implantación de la jornada continua para el próximo curso, de momento, aún no es posible ya que no se ha publicado ninguna orden que regule este proceso ni se ha presentado a las AMPA ningún proyecto en esta línea. Cabe recordar que para poder optar a la tramitación del cambio de jornada en el Consejo Escolar, previamente, se debe someter el proyecto a referéndum y requiere la aprobación por parte de 2/3 de los padres y madres del centro.
Las familias deben conocer todas las implicaciones de este cambio, especialmente sobre la calidad en la educación y el impacto en el alumnado, que deben primar sobre las cuestiones organizativas o económicas del nuevo horario. Por lo que, por el momento, al igual que toda la comunidad educativa, las asociaciones de padres y madres están a la espera de que la Conselleria concrete sus planes. Una vez conocidos, las AMPA informarán a las familias y se abrirá un proceso de debate en los centros y de diálogo con el resto de miembros de la comunidad educativa.
Finalmente, Tirado ha apuntado que "desde la Confederación Gonzalo Anaya y FAPA-Castelló Penyagolosa consideramos que la jornada continua puede incrementar considerablemente las desigualdades sociales y étnicas ante la educación ya que esta modalidad perjudica a los alumnos con menos recursos y más problemas, porque son los que tienen menos acceso a las actividades extraescolares que se prometen con la jornada continua y que, como se ha demostrado en otras autonomías, no son gratuitas y acaban por desaparecer con el tiempo". 
Tirado también ha explicado que "la modalidad de jornada de 9 a 14 horas no es una reivindicación de las familias pero, la administración educativa pretende impulsarla con fines que desconocemos y sin destinar recursos económicos". Por lo que otra de las preocupaciones de las familias es la desaparición de servicios complementarios como el comedor escolar que no se garantizan y que, su cierre, podría suponer una gran ahorro a la administración educativa en ayudas. Además, el debate de la jornada continua no se produce en los centros concertados y privados y esto aún puede crear mayores desigualdades sociales.

El 85 % de los padres deberá aprobar la nueva jornada continua en colegios e IES

Los centros que se adhieran a este horario deberán justificar el respaldo de los progenitores

EUROPA PRESS VALENCIA La Conselleria de Educación ofrecerá la posibilidad de implantar la jornada escolar continua en todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana el próximo curso 2013-14 a través de los contratos programa.
Fuentes de la Generalitat confirmaron que la medida permitirá que los centros puedan solicitar la implantación de esta jornada, siempre y cuando la propuesta sea aprobada por el 85% de los padres y madres en una votación en la que deberán participar al menos la mitad de las familias de los alumnos.
El contrato programa es un documento que la Administración y los centros suscriben por el cual estos se comprometen a cumplir unos determinados objetivos de calidad educativa y a recibir a cambio recursos, tanto materiales como de personal, en función de sus necesidades. Cuando los centros incluyan dentro de su contrato programa la implantación de la jornada continua y, una vez aprobado el mismo por la Conselleria, el centro deberá justificar debidamente el respaldo mayoritario de los padres, personal docente y Consejo Escolar.
Se trata de la primera vez que Educación abre la posibilidad de una modificación en la jornada lectiva de forma generalizada, a la que podrán acogerse todos los centros públicos y privados concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. También se podrá aplicar a los centros de educación especial. A través de los contratos programa, la Conselleria destinará el próximo curso 40 millones de euros para contratar a más de 800 docentes que realizarán labores de apoyo y refuerzo de las actuaciones contempladas en los mismos, lo que supone cuadruplicar el número de docentes que realizarán estas actividades de lucha contra el fracaso escolar. En la jornada escolar continua el horario general del centro se desarrolla exclusivamente en horario de mañana. 
Según la nueva normativa en la que trabaja Educación, la implantación de la jornada continua no podrá suponer un incremento del coste económico ni la reducción de la jornada de los docentes.

 

 

 

Educación permitirá a todos los centros solicitar jornada continua para próximo curso

·         Siempre y cuando la propuesta sea aprobada por el 85% de los padres

·         En esta votación deberá participar al menos la mitad de las familias

·         Es la primera vez que se abre esta opción de forma generalizada

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ofrecerá la posibilidad deimplantar la jornada escolar continua en todos los centros docentes de la Comunidad Valenciana el próximo curso 2013-14 a través de los contratos programa.

Según ha informado la Generalitat, la medida permitirá que los centros puedan solicitar la implantación de esta jornada, siempre y cuando la propuesta sea aprobada por el 85% de los padres y madres en una votación en la que deberán participar al menos la mitad de las familias de los alumnos.

El contrato programa es un documento que la Administración y los centros suscriben por el cual estos se comprometen a cumplir unos determinados objetivos de calidad educativa y a recibir a cambio recursos, tanto materiales como de personal, en función de sus necesidades.

Cuando los centros incluyan dentro de su contrato programa la implantación de la jornada continua y, una vez aprobado el mismo por la Conselleria, el centro deberá justificar debidamente el respaldo mayoritario de los padres, personal docente y Consejo Escolar.

Abierta a todos los centros

Se trata de a primera vez que Educación abre la posibilidad de una modificación en la jornada lectiva de forma generalizada, a la que podrán acogerse todos los centros públicos y privados concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. También se podrá aplicar a los centros de educación especial.

Educación ha destacado que esta medida "impulsa la autonomía de los centros, puesto que podrán implantar un horario general coherente con sus criterios pedagógicos, incluidos en la programación anual y con sus recursos económicos, materiales y humanos".

A través de los contratos programa, la Conselleria destinará el próximo curso 40 millones de euros para contratar a más de 800 docentes que realizarán labores de apoyo y refuerzo de las actuaciones contempladas en los mismos, lo que supone cuadruplicar el número de docentes que realizarán estas actividades de lucha contra el fracaso escolar.

Actividades hasta las 17 horas

En la jornada escolar continua el horario general del centro se desarrolla exclusivamente en horario de mañana. Según la nueva normativa en la que trabaja Educación, la implantación de la jornada continua no podrá suponer un incremento del coste económico ni la reducción de la jornada de los docentes.

Además, una vez finalizadas las actividades lectivas y hasta la conclusión de la permanencia del alumnado en el centro, hasta las 17.00 horas, se realizará tanto el servicio complementario de comedor como el resto de actividades programadas por el centro.

Por lo tanto, en caso de implantarse en el centro, deberá existir una coordinación en cuanto a la organización del tiempo y a la planificación de las actividades lectivas, las actividades extraescolares y los servicios complementarios.

286 institutos tienen jornada continua

Este curso la Conselleria ha autorizado la jornada continua en un total de286 centros de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana de los 374 IES existentes, es decir que el 76,5% de los centros de Secundaria imparten sus clases en un horario especial.

En concreto, se trata de 103 centros de la provincia de Valencia de 184 centros existentes, 136 de los 138 de la provincia de Alicante y 47 centros de los 52 ubicados en Castellón.

 

 

 

 

Los centros docentes tendrán jornada continua si la respalda el 85% de los padres

Educación abre la posibilidad de modificar el horario siempre que no suponga un incremento del coste económico ni la reducción de horas para los docentes

EFE La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ofrecerá la posibilidad de implantar la jornada escolar continua en todos los centros docentes de la Comunidad Valenciana el próximo curso 2013-14 a través de los contratos programa.

Según han informado fuentes de la Generalitat, los contratos programa constituyen una herramienta para aumentar la autonomía de los centros, dado que a través de este documento suscrito con la Administración, los centros se comprometen a cumplir unos determinados objetivos de calidad educativa y a recibir a cambio recursos, tanto materiales como de personal.

Entre otros aspectos, la medida permitirá que los centros puedan solicitar la implantación de esta jornada, siempre y cuando la propuesta sea aprobada por el 85% de los padres y madres en una votación en la que deberán participar al menos la mitad de las familias de los alumnos.

Cuando los centros incluyan dentro de su contrato programa la implantación de la jornada continua y, una vez aprobado el mismo por la Conselleria, el centro deberá justificar debidamente el respaldo mayoritario de los padres, personal docente y Consejo Escolar, han indicado las mismas fuentes.

Se trata de la primera vez que Educación abre la posibilidad de una modificación en la jornada lectiva de forma generalizada, a la que podrán acogerse todos los centros públicos y privados concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. También se podrá aplicar a los centros de educación especial.

Además, esta medida impulsa la autonomía de los centros, puesto que podrán implantar un horario general coherente con sus criterios pedagógicos, incluidos en la programación anual y con sus recursos económicos, materiales y humanos.

A través de los contratos programa, la Conselleria destinará, el próximo curso 2013-14, 40 millones de euros para contratar a más de 800 docentes que realizarán labores de apoyo y refuerzo de las actuaciones contempladas en los contratos programa, lo que supone cuadruplicar el número de docentes que realizarán estas actividades de lucha contra el fracaso escolar.

En la jornada escolar continua el horario general del centro se desarrolla exclusivamente en horario de mañana. En la jornada partida, que es actualmente la ordinaria, los alumnos estudian en sesiones de mañana y tarde.

Según la nueva normativa, la implantación de la jornada continua no podrá suponer un incremento del coste económico, ni la reducción de la jornada de los docentes. Además, una vez finalizadas las actividades lectivas y hasta la conclusión de la permanencia del alumnado en el centro, hasta las 17 horas, se realizará tanto el servicio complementario de comedor como el resto de actividades programadas.

UGT pide cambios en la baremación de las bolsas
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT-PV pedirá hoy en la comisión de seguimiento del nuevo acuerdo de interinos que la rebaremación de las bolsas docentes no se aplique en los cuerpos para los que se han convocado oposiciones este año.

El sindicato solicitará el aplazamiento de esa reordenación, a través de una adenda al acuerdo, en las bolsas de Infantil, Inglés, Música, Educación Física, Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, en el cuerpo de maestros. En Secundaria se solicitará el aplazamiento en varias especialidades.

FETE-UGT considera que la aplicación del nuevo acuerdo y la reordenación de las bolsas de trabajo conforme a los resultados de esta primera convocatoria de oposiciones es precipitada, ya que el profesorado interino que debe realizarlas no ha tenido tiempo suficiente para prepararlas.

 

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Raquel Sánchez Grande

Gabinet de Comunicació

Confederació Gonzalo Anaya

Telf. 963529607/605800279

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PROTECCIÓ DE DADES.
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Notícies divendres 26 abril 2013

País Valencià

Els centres educatius del País Valencià es tanquen per una educació pública i de qualitat

La Coordinadora de Professorat Interí convida els docents, pares, mares i alumnes que s'unisquen a la iniciativa

Contra les retallades, contra la LOMQE i contra els acomiadaments'. Aquest és el lema escollit per les Marees per l'Educació Pública per als tancaments en els centres educatius de tot l'estat. El País Valencià també s'afegeix, a través de la CPI, a aquesta iniciativa, durant la qual es faran xerrades sobre la LOMQE, les retallades i l'acord d'interins i altres activitats.

edactaVeu / País Valencià

Les Marees per l'Educació Pública, la Coordinardora de Professorat Interí (CPI) del País Valencià en forma part, han organitzat tancaments en els centres educatius de tot l'Estat sota el lema: 'Contra les retallades, contra la LOMQE i contra els acomiadaments'.

Es pretén mostrar el rebuig a les polítiques portades a terme pel Govern, que suposen "l'espoli del sistema educatiu públic amb l'única finalitat d'afavorir el sector de l'escola concertada i privada". Així mateix, per a la CPI, l'aprovació de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) que planteja el ministre Wert suposaria "el pas definitiu per a convertir l'educació en una mercaderia al servei d'uns pocs i reduiria l'educació pública a un paper assistencial". Els membres de la CPI qualifiquen aquesta llei de "mercantilitzadora, antipedagògica, segregadora, sexista i antidemocràtica".

La CPI adverteix que les retallades estan provocant la desaparició de beques (de menjador, transport, llibres...), deteriorament dels centres educatius (no s'inverteix en manteniment), classes massificades... A més, els més de 5.000 acomiadaments de professorat que s'han produït des del 2011 se sumaran als més de 1.000 que es produiran el proper curs, acomiadaments que repercuteixen "negativament en la qualitat educativa que rep l'alumnat" ja que desapareixen els desdoblaments i el personal de suport així com el fet d'estar sense professor mentre transcorre una mitjana de tres setmanes fins que la Conselleria envia un substitut.

És per tot això que la CPI crida tota la comunitat educativa a participar en mobilitzacions com la del tancaments als centres, que tindrà lloc durant la jornada de hui, per a lluitar per una educació pública i de qualitat. Durant els tancaments, es faran xerrades sobre la LOMQE, les retallades i l'acord d'interins i altres activitats com ara tallers, actuacions, col·loquis...

STEPV també  participa en la campanya 25A #prenelteucentre. Representants del sindicat acudiran a les tancades i participaran activament en la campanya que, a més, ha de servir per a impulsar la convocatòria de vaga el pròxim 9 de maig, contra la LOMQE, les retallades, l'acord de professorat interí i pel valencià a l'ensenyament.

Les localitats on es realitzaran els tancaments són:

Comarques del sud: Oriola, Torrevella, Rojales, Altea, Alfàs del Pi, la Nucia, Alacant, Elx i Petrer.
Comarques del nord: Castelló, Vinaròs i Benicarló.
Comarques centrals: Massanassa, València, Catarroja, Alfafar, Torrent, Albal, Picassent, Alaquàs, Alcàsser, Xirivella, Albaida, Requena, Massamagrell, Museros i Meliana.

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Tancades a centenars d'escoles del país contra les retallades en l'ensenyament

L'assemblea groga protesta contra l'aprovació de la LOMCE, els acomiadaments i les condicions de professors i alumnes de l'escola pública

Centenars de centres educatius de tot el país fan avui una tancada en protesta contra les retallades a l'educació i contra l'aprovació de laLOMCE . L'Assemblea Groga ha comunicat que la intenció és mostrar 'el rebuig frontal a la política que duen a terme els actuals governs de CiU i PP, d'espoli d'un sistema educatiu públic construït amb l'esforç de tots i totes, amb l'únic objectiu de dedicar els recursos econòmics al rescat i recolzament del poder financer i a l'augment del poder de l'escola concertada i privada.'

Segons els portaveus de l'organització, la llei Wert és antipedagògica, mercantilitzadora, segregadora, sexista, antidemocràtica i privatitzadora. Consideren intolerable el deteriorament de les condicions laborals dels professors dedicats a l'ensenyament públic, amb una retribució reduïda, un horari ampliat, acomiadaments d'interins i manca de substituts fins passats quinze dies.

Les tancades començaran a les cinc d'horabaixa i s'espera que n'hi hagi a centenars de centres dels Països Catalans i també de l'estat espanyo

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Ximo Puig moviliza al PSPV en defensa de los profesores frente a la campaña de NNGG

El líder socialista denuncia la "caza de brujas" de los jóvenes del PP 
y anuncia iniciativas en las instituciones para respaldar a los docentes

26.04.2013 | 00:00

EUROPA PRESS/LVC CASTELLÓ Puig justificó la presencia del Ayuntamiento de Vila-real en la reunión de alcaldes que convocó el presidente de la Diputación, Javier Moliner, para tratar el tema de los desahucios, señalando que el PSOE "allí está gobernando en coalición". "El alcalde de Vila-real hace bien en entender eso, puesto que los alcaldes tienen que responder al interés institucional de su ayuntamiento", añadió.
Puig hizo estas declaraciones al ser preguntado por la decisión del alcalde de Vila-real, José Benlloch, de enviar un concejal a la reunión después de que el PSOE de Castelló anunciase que los alcaldes socialistas no acudirían a este encuentro. Puig señaló que los alcaldes "tienen que anteponer el interés general" y manifestó su "respeto" por la actitud de Benlloch. Añadió que el PSPV tiene un posicionamiento "absolutamente claro" en la cuestión de los desahucios y criticó "la acción propagandística" que supuso la reunión convocada por el PP.


El secretario general del PSPV, Ximo Puig, anunció ayer que va a movilizar al partido en todas las instituciones "en defensa de la enseñanza pública" y contra la "caza de brujas" que, en su opinión, está llevando a cabo el PP contra los profesores. Una iniciativa motivada por la campaña de NNGG de Castelló en contra del "adoctrinamiento" en las aulas.
Puig se reunió ayer en la sede del partido en Castelló con representantes de los sindicatos, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) y de directores de centros educativos.
Respecto a la campaña "Que no te líen" puesta en marcha por NNGG, el líder de los socialistas valencianos aseguró que "no es tolerable que se incite desde la organización juvenil del PP una campaña fuera de cualquier consideración ética cuyo único objetivo es el desprestigio del profesorado y de la educación pública y que está apoyada por el presidente de la Diputación y por todo el PP".
El secretario general lamentó que cuando la educación más apoyo necesita "nos encontramos un gobierno que se dedica, a través de la organización juvenil, a intentar poner en riesgo el futuro de la educación". Por este motivo, Puig anunció que el partido presentará iniciativas en las Corts y en el Congreso, además de las mociones que ya se están presentando "para defender la profesionalidad de los profesores y el derecho a la educación pública".
Para Puig, "defender la educación es una condición necesaria para la igualdad de la crisis". "No queremos, bajo ningún concepto, que esta 'caza de brujas' que ha iniciado el PP, quede sin respuesta".
El secretario general insistió en que "lo que quiere hacer Wert es aprovechar la crisis para debilitar la educación pública", y añadió que "hay un objetivo estratégico del PP, que es fomentar la desigualdad". De hecho, destacó que "en que este tiempo de crisis se han aumentado las desigualdades, hasta el punto de que un millón de valencianos no llega a final de mes, y eso es lo que, de verdad, nos preocupa a los valencianos". Por eso, consideró "especialmente preocupante" que, ante esta situación, la respuesta del PP sea "más recortes, menos becas en los comedores, y menos ayudas que nunca".

 

Educación

Encierros contra los recortes en Educación

El Stepv denuncia "presiones" de la Inspección educativa para evitar las asambleas en los centros

26.04.2013 | 00:10

R. MONTANER | VALENCIA Decenas de centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana, medio centenar según la Coordinadora del Profesorado Interino, acogieron ayer encierros de docentes, padres de alumnos y estudiantes contra los recortes en Educación y la reforma educativa en ciernes a través de la llamada Ley Wert.

Esta movilización, que incluyó asambleas informativas sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) e incluso talleres y concentraciones de protesta, responden a una convocatoria estatal impulsada por las Mareas per la Educación Pública. 
El Sindicat de Treballadors de l´Ensenyament del País Valencià (Stepv) denunció ayer «presiones de la Inspección Educativa de la conselleria a los directores de los centros para evitar los encierros». Esto, según explica el portavoz del Stepv, Marc Candela, obligo a «suspender o variar los actos programados en el CEIP Rei en Jaume de Xirivella y en el IES Sos Baynat de Castelló». Por esta misma razón, el CEIP Ciutat de Cremona de Alaquàs, también canceló ayer el encierro previsto para hoy.

En la escuela de Xirivella los docentes burlaron la prohibición convocando una reunión sindical en el centro de trabajo mientras que los padres se concentraron a las puertas del colegio. En el instituto de Castelló, la asamblea se hizo en la calle bajo la lluvia.

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La escuela pública se encierra contra los recortes y la 'ley Wert'

Padres, niños y docentes se concentran en los centros en defensa de la enseñanza.

Las familias denuncian ahogo para alimentar a sus hijos y comprar libros

El día de hoy, cuando se conoció que la cifra de parados supera los 6,2 millones, fue también una jornada de protestas en otra de las parcelas donde la crisis se está haciendo más evidente: la educación, que ha perdido más de 6.400 millones de inversión pública en los últimos tres años. Padres, profesores y alumnos de toda España se encerraron en sus centros para protestar contra el deterioro de la enseñanza pública y contra un proyecto de reforma educativa que, opinan, la va a descomponer aún más. El de ayer fue el inicio de una movilización que culminará en una huelga el próximo 9 de mayo.

"¡Es por los recortes!", afirmaba contundentemente Berta, de siete años, en la escuela La Sedeta de Barcelona. ¿Y qué son los recortes? "Es cuando los políticos recortan el dinero a las personas", contestaba la niña mientras manejaba cartulinas de colores junto a Marta, de cinco años. En La Sedeta se reunieron ayer padres, alumnos y profesores de ese y siete centros más del barrio de Gràcia, en uno de los 400 encierros en escuelas e institutos públicos que contabilizaron los sindicatos ayer en Cataluña.

Esta comunidad está siendo sin duda uno de los focos más claros de la movilización educativa recién retomada. Pero los talleres de manualidades, las charlas y debates, las clases de cocina o las sesiones de cine ocuparon ayer numerosos centros educativos de Madrid, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias, Aragón... Incluso, algún centro universitario, como la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid.

"Calculamos que cuando acabe el fin de semana habrá habido encierros en unos 2.000 o 3.000 colegios e institutos de todo el territorio", asegura José Luis Pazos, miembro de la asociación de padres Giner de los Ríos, de la confederación de padres Ceapa, que reúne a 12.000 asociaciones. Pazos reconoce que las protestastienen una repercusión desigual. "Va acorde al nivel de los recortes", argumenta. Así, mientras observa una gran movilización en Cataluña, Valencia, Madrid y Baleares —"que llevan años sufriendo la tijera y están concienciados"—, reconoce que la crítica es casi inexistente en Extremadura —"como el PP no tiene mayoría, no pueden excederse en las medidas"— o en Galicia. "Y hay comunidades que empiezan a movilizarse ahora que se ven afectadas, como en Andalucía, Castilla-La Mancha y partes de Castilla y León".

En la escuela La Sedeta de Barcelona, la lluvia impidió realizar algunos de los talleres programados al aire libre, pero colocaron mesas bajo los porches del patio y las llenaron de esas cartulinas amarillas, que en Cataluña es el color que simboliza la protesta educativa, igual que en otras muchas lo simboliza el verde.

La movilización culmina en una huelga escolar el próximo 9 de mayo

Estas eran las cartulinas que estaban recortando y pintando Berta y Marta. Ambas niñas estaban con compañeros, docentes y padres que se habían repartido las tareas: un grupo de alumnos amenizaba la tarde pinchando música; los chicos del equipo de fútbol Vila de Gràcia hacían de monitores y ayudaban a los pequeños en la confección de los carteles y pancartas para la manifestación. Uno de ellos es Sergi Morales, de 17 años. "El entrenador nos pidió que colaborásemos. A mí también me afectan los recortes y me gusta ayudar a los niños", comentaba.

Muchos padres desconocen aún los detalles de la polémica que rodea la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que el Gobierno defiende como el cambio necesario para el éxito escolar gracias al adelanto de itinerarios distintos para los alumnos o la recuperación de las reválidas. La oposición y buena parte de la comunidad educativa la ha tachado, sin embargo, de elitista y segregadora. "Por eso hay y seguirá habiendo charlas informativas", anuncia Pazos. Los colegios catalanes empezaron ayer con ello. En La Sedeta invitaron a Francesc Imbermón, catedrático de Didáctica de la Universidad de Barcelona y a una trabajadora de Educación Sin Fronteras para debatir sobre la reforma.

A las familias les mueve la indignación por el deterioro del sistema de enseñanza. "Nos están llegando denuncias de las asociaciones en todos los sentidos imaginables", dice Pazos. "Hay sitios donde no dejan informar a los padres de lo que está pasando; muchos llaman agobiados porque los niños van sin comer, y eso pasa también en Madrid y Cataluña —con rentas per cápita altas—, no solo en Andalucía; o buscan la forma de conseguir libros de texto gratuitos para el año que viene, porque saben ya que las familias no podrán comprarlos y ya no hay ayudas".

Precisamente, las autoridades retiraron ayer los carteles comerciales sarcásticos de "se alquila" que se exhibieron en la puerta de la escuela pública Es Pont, de Palma de Mallorca, que protagonizó uno de los 130 encierros a favor de la enseñanza pública en la comunidad. Al atardecer, los alumnos de primaria de las aulas multiétnicas del centro —son 207 chavales procedentes de medio mundo— dibujaron en las columnas del patio los principios y deseos de la plataforma social.

Cataluña y Baleares son dos de los grandes focos de la protesta

"Este movimiento lo iniciamos nosotros, las familias, los padres y se han unido los profesores y sindicatos. Todos ahora nos sumamos a la acción estatal", afirmó Samir, un padre implicado de Es Pont, educador en paro por primera vez en los 12 años que lleva en España: "Es por los recortes; siempre trabajé en el ámbito de los servicios sociales, lo último, en la cárcel", observa.

Samir fue invitado a hablar por la portera de la escuela por su acreditado carisma de líder. "No, solo soy un padre sensibilizado y que padece la crisis", observa. Es de Nicaragua y quiere hablar en catalán. Es uno de los promotores de Crida (grita), la plataforma de la marea verde de Palma cuyo símbolo/altavoz es un embudo. Al acabar la jornada lectiva participó en las actividades lúdicas y de debate impulsadas por las asociaciones de padres con docentes y sindicatos.

"Es una acción para preservar el nivel de la escuela pública, las ratios en las aulas. Con la crisis ahora hay 27 niños por unidad. Vindicamos calidad del servicio. Es la segunda vez que nos encerramos. La primera que nos quedamos la noche". En Baleares se vivió un día húmedo por la lluvia y con mucho viento. "Nos retiraron sin más los carteles de alquiler, que eran reivindicativos, y dijeron que no era por censura, sino por cuestión de empresa", ironiza Samir.

En los pabellones deportivos y en las bibliotecas hubo debates, conferencias, sesiones de trabajos extraescolares. En Es Pont asistió, en distintos momentos, más de medio centenar de padres y más de 100 alumnos. Se programó una emisión especial de la alternativa Radio Tortuga, en Internet, para extender las razones de su causa. El lema y motivo de la movilización era: "No paguemos su deuda con nuestra educación".

Con información de Elisa Silió.

 

 

 

Puig denuncia la "caza de brujas" que supone la campaña del PP contra los profesores

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha anunciado esta mañana que va a activar al partido en todas las instituciones en defensa de la enseñanza pública y contra la "caza de brujas" que está llevando a cabo el PP contra los profesores. Así de contundente se ha pronunciado tras reunirse esta mañana en la sede del partido en Castelló con representantes de los sindicatos; de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) y de directores de centros educativos. Para Puig, que estaba acompañado del vicesecretario y responsable de Educación, Miguel Soler, "no es tolerable que se incite desde la organización juvenil del PP, una campaña fuera de cualquier consideración ética, que lo único que tiene como objetivo es el desprestigio del profesorado y de la educación pública y que está apoyada por el presidente de la diputación y por todo el PP".

El secretario general ha lamentado que cuando la educación más apoyo necesita y cuando más soporte necesita, "nos encontramos un gobierno que se dedica, a través de la organización juvenil, a intentar poner en riesgo el futuro de la educación". Por este motivo, Puig ha anunciado que el partido presentará iniciativas en les Corts, en el Congreso además de las mociones que ya se están presentando para defender la profesionalidad de los profesores y el derecho a la educación pública". Para Puig, "defender la educación es una condición necesaria para la igualdad de la crisis. No queremos, bajo ningún concepto, que esta "caza de brujas" que ha iniciado el PP, quede sin respuesta".

El secretario general insiste en que "lo que quiere hacer Wert es aprovechar la crisis para debilitar la educación pública. Hay un objetivo estratégico del PP que es fomentar la desigualdad". De hecho, insiste en que este tiempo de crisis "se han aumentado las desigualdades, hasta el punto de que un millón de valencianos no llega a final de mes, y eso es lo que, de verdad, nos preocupa a los valencianos". Por eso, considera especialmente preocupante que, ante esta situación, la respuesta del PP sea "más recortes, menos becas en los comedores, y menos ayudas que nunca". En este sentido, ha anunciado que en el comité nacional del sábado, "presentaremos un plan contra la exclusión, porque se está dejando fuera del sistema a un tercio de la sociedad valenciana".

 

EDUCACIÓN ULTIMA LOS CAMBIOS

20 colegios de Castellón abren ya las puertas a implantar la jornada continua

La Conselleria asegura el comedor y prevé actividades gratuitas para el alumnado de las 14.00 a 17.00 horas. Los centros piden información y están pendientes de la normativa para trasladar la propuesta al consejo escolar

CRISTINA GARCIA 25/04/2013

Es la primera vez que Educación abre la posibilidad para modificar la jornada.MEDITERRÁNEO

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Jornada partida o jornada continua. Es uno de los debates en los 151 colegios de la provincia de Castellón, mientras sigue la cuenta atrás para iniciar el periodo de inscripción en los centros, que comenzará el 9 de mayo. Y, a la espera de la nueva regulación del horario escolar anunciada por la Conselleria de Educación, 20 centros de Castellón, Vila-real, Benicàssim, l'Alcora, Onda, Nules, Vinaròs y Càlig se han adelantado y han abierto la puerta a la implantación de la jornada seguida, de 9.00 a 14.00 horas, en Infantil y Primaria, según fuentes del sindicato independiente Anpe, que defiende esta medida y atiende las peticiones de asesoramiento que recibe de los centros.

Es la primera vez que Educación abre la posibilidad de una modificación en la jornada lectiva de forma generalizada, a la que podrán acogerse todos los centros públicos y privados concertados de Infantil, Primaria y ESO, aunque más del 90% de los institutos ya la ha puesto en marcha en Castellón.

El alumno permanecerá en el centro las mismas horas que en la jornada partida, con una sesión lectiva continuada de 9.00 a 14.00 horas, y no de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas como hasta ahora. No obstante, la orden estima que tras la actividad lectiva y hasta las 17.00 horas, se realizará tanto el servicio complementario de comedor como extraescolares, que serán gratuitas para el alumno, y no supondrán menos horas de trabajo para el profesorado.

 

FORMALIZAR // Educación ya ha puesto sobre la mesa estas premisas, pero falta formalizarlas. El delegado del sindicato Anpe en Castellón, David Beltrán, incide en que "los colegios están esperando que se haga oficial, pero muchos ya están trabajando por delante, para tenerlo listo cuando la Generalitat dé su OK y acelerar los trámites cara al inicio del próximo curso en septiembre".

El Estepar de Castellón es uno de ellos. El centro ya tiene un proyecto para extraescolares que "solo deberá actualizarse", pues han "previsto actividades con el Patronat d'Esports o el Ayuntamiento", que no saben si se podrán realizar. En este centro, se ha consultado a los padres, condición sine quanon para llevarla adelante, con un 84% que dio el sí quiero a la medida, según indican fuentes del propio centro.

Palmeral y Santa Águeda, de Benicàssim, fueron los primeros en respaldar la jornada continuada, y cuentan también con el consenso de los padres, con un proyecto que implica a asociaciones y al Ayuntamiento benicense.

El principal quebradero de los centros es cómo se financiarán estas extraescolares. Lo dice Mª Carmen Aguilella, directora del Pío XII de Vila-real, que, junto al Concepción Arenal y Angelina Abad, lo está valorando. "Hay que tener más información", señaló la directora del centro. H

DEBATE SOBRE EL HORARIO DE 9 A 14.00 EN LAS ESCUELAS

Los padres de Castellón no son partidarios de la jornada continua

Creen que los alumnos se quedarán sin beca de comedor o sin extraescolares. La Confederación de AMPA dice que no es una reivindicación de las familias

C. TOMÁS 26/04/2013

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La Confederación Gonzalo Anaya de asociaciones de padres de alumnos argumenta que la jornada continua de 9.00 a 14.00 horas no es una reivindicación de las familias y considera que puede incrementar las desigualdades sociales. Según fuentes de la entidad, la jornada continua puede incrementar las diferenciaciones sociales y étnicas. A su juicio, "perjudica a los alumnos con menos recursos y más problemas, porque son los que tienen menos acceso a las extraescolares, que no son gratuitas y acaban desapareciendo con el tiempo". Y es que, según asegura, el nuevo modelo se pretende implantar sin destinar recursos económicos.

Además, indican, el debate de la jornada continua no se produce en los concertados y privados y esto aún puede crear mayores desigualdades sociales.

Asimismo, temen que con ella se eliminen servicios complementarios, como el comedor escolar, ya que consideran que estos no se garantizan en la nueva jornada continua y su cierre podría suponer un gran ahorro a la administración educativa en las ayudas al comedor escolar.

Apuntan, además, que no es posible implantar el horario intensivo con la normativa que hay en vigor a escasos días de iniciarse el proceso de admisión de alumnos. Y es que, según indican, el decreto que posibilita la modificación de jornada escolar no se ha publicado en el DOCV y la orden no se ha consultado con las asociaciones en la mesa de padres.

Sin embargo, algunas AMPA le ven ventajas. Ana Belén Moreno, presidenta del AMPA de l'Assumpció de Vinaròs, uno de los 20 colegios que se ha interesado por implantarla, señala que la mayoría de padres con los que ha hablado estaría a favor, "porque se harían menos viajes para ir a recoger a los hijos y también porque no se restan horas a su educación y podrían dedicar la tarde a realizar otras actividades extraescolares", indica. Además, destacó que debido a crisis hay padres que ya no pueden dejar a sus hijos en el comedor escolar. Informa Xavi Flores.

En la misma línea, desde el AMPA del Estepar de Castellón argumentan que "muchos padres la ven como algo positivo, porque el alumno tendrá la tarde libre para estudiar o hacer extraescolares, y tendrán más tiempo para poder ir a recoger a sus hijos si estos salen a las 14.00 en lugar de a las 12.00 horas y podrán ahorrarse el comedor". Aunque admiten que "nunca llueve a gusto de todos; he oído a una madre que decía que los niños pasarán muchas horas seguidas en el colegio".

Por contra, las AMPA de los colegios Palmerar y Santa Águeda de Benicàssim opinan que no lo han consultado con los padres ni con el centro, ni les ha llegado ninguna notificación sobre que se vaya a implantar la jornada continua en estos centros. H

 

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Raquel Sánchez Grande

Gabinet de Comunicació

Confederació Gonzalo Anaya

Telf. 963529607/605800279

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Recull actualitat LOMQE 25/04/2013

El Consejo de Estado pide a Wert que mantenga la asignatura de Ciudadanía

El dictamen sobre la reforma educativa rechaza que las comunidades con lengua cooficial tengan que pagar una escuela privada si un alumno prefiere clases en castellano

 

El Consejo de Estado ha planteado una gran enmienda sobre muchos puntos de la reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert. Aunque su dictamen no es vinculante, el órgano consultivo del Gobierno reclama para empezar un "acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales" para "buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema" —esta es la séptima ley de la democracia— y cambios y matizaciones en asuntos polémicos. como la enseñanza en castellano en comunidades bilingües —son las autonomías las que deben garantizar "una proporción equilibrada" de ambas lenguas—, la Educación para la Ciudadanía —debería ser "obligatoria en algún momento"— y la Religión —se está "discriminando" a los alumnos que la eligen porque no pueden asistir a la materia alternativa de valores éticos—.

El texto también discute otro de los aspectos de la ley que más ampollas ha levantado: el blindaje de las subvenciones a los colegios que separan por sexo. En una decidida defensa de las bondades de la educación mixta, el Consejo de Estado pide que se justifique muy bien cuáles son los beneficios de la segregación de alumnos y fijen "medidas académicas a favor de la igualdad" para que estos centros reciban dinero público.

El ministerio puede atender o no estas sugerencias antes de enviar el texto al Consejo de Ministros y, de allí, al Congreso. Pero sindicatos y oposición ya han calificado de "varapalo" el dictamen de una ley que no estará en vigor hasta 2014 y de la que se cuestiona incluso la dotación económica —es insuficiente para una "reforma estructural de esta envergadura"—.

El PP, sin embargo, opina que el Consejo de Estado avala la reforma, ya que el texto deja intactos puntos cruciales como el adelanto de la elección de vías distintas en la ESO, el nuevo diseño de la FP (con la creación del FP Básica) o la recuperación de las reválidas. En este caso, solicita que esos exámenes externos queden en manos de "funcionarios públicos y en ningún caso de profesores contratados o empresas privadas". En cuanto a la reválida del bachillerato (que sustituye la Selectividad), critica que las universidades puedan hacer evaluaciones de acceso para cada carrera porque introduce "un elemento de discrecionalidad que podría perjudicar el tratamiento uniforme de los alumnos". Asimismo, hace alusiones críticas al programa académico (diseño, reparto de competencias para redactarlo o la ausencia de materias básicas) y protesta por la falta de participación de la comunidad educativa.

No es este, en todo caso, el primer escollo que ha encontrado el proyecto de ley: antes fue el rechazo de buena parte de la comunidad educativa (hay una huelga convocada en mayo) y los cambios que le exigieron las comunidades gobernadas por el PP.

 En su voluminoso dictamen, al que ha tenido acceso este diario, le recrimina al proyecto de ley, entre otras cosas, la desaparición completa del currículo de cualquier rastro de asignaturas "de formación ético-cívica", hasta ahora englobadas dentro de la polémica área de Educación para la Ciudadanía, por lo que sugiere que se incluya. "Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento, pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritas por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa", dice el texto del dictamen, que no es vinculante.

Asimismo, respecto al polémico apartado de la enseñanza en las lenguas cooficiales en comunidades bilingües, el Consejo de Estado acepta que los Gobiernos autónomos deban "determinar la 'proporción razonable' de uso de ambas lenguas y las medidas que en su caso hayan de adoptarse para garantizar el conocimiento de las mismas". Sin embargo, rechaza que, para garantizar que un alumno pueda, si quiere, tener clases preferentemente en castellano, la comunidad deba pagarle si es necesario un colegio privado, como dice el proyecto. "Más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación [...], no debería figurar en la ley, por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las administraciones educativas cuando estas así lo decidan, en el supuesto de no disponer de otros medios o recursos para garantizar en la red pública el uso del castellano como lengua vehicular", señala el dictamen.

El pasado agosto el Consejo de Ministros aprobó el cambio de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en primaria y secundaria (como las referencias a los conflictos sociales, a la desigualdad de género y a la lucha contra la homofobia), primer paso antes de eliminar la materia casi completamente del currículo escolar. El objetivo de la Ley era eliminarla en primaria y quitarle el apellido de Ciudadanía de la Ética de 4º de ESO y de Filosofía de 1º de bachillerato. Se mantendría solamente en 2º o 3º de ESO con contenidos limados y con el nombre de Educación Cívica y Constitucional.

Sin embargo, el proyecto de ley elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006 y la Ética de 4º de ESO, obligatoria en el currículo desde los años noventa de siglo pasado. Al mismo tiempo, se recupera la materia alternativa a la de Religión, que se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Wert llegó a hablar de "materias que distraen" para defender más tiempo para las instrumentales (ciencias, lenguas y matemáticas) en detrimento de otras como Educación para la Ciudadanía. La Iglesia había mostrado siempre su rechazo a la ley por contener "cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico".

El Consejo de Estado llega hablar de discriminación en su dictamen para los alumnos que se queden sin formación ético-cívica por elegir Religión. "Hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la 'Religión' la materia de 'Valores Culturales y Sociales', o 'Valores éticos', de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación".

Laberinto judicial

Otra de las grandes polémicas del proyecto de ley impulsado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, es sin duda el de las lenguas cooficiales, en concreto, en torno a Cataluña, donde el modelo de inmersión lingüística consiste en dar la inmensa mayoría de las clases en catalán. El ministro, que ha sembrado polémica en torno a este asunto, por ejemplo, al hablar de "españolizar" a los niños catalanes, siempre ha dicho que su intención es trasladar a la ley las sentencias de los tribunales Constitucional, Supremo y Superior de Cataluña, que dicen que la inmersión es perfectamente legal, pero que la Generalitat debe garantizar una "proporción razonable" de enseñanza en catalán y castellano.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado -aplicando la doctrina del Supremo- cómo hay que satisfacer las demandas de las familias que reclaman más horas de castellano: si un alumno lo pide, habrá que dárselas a él y a toda su clase, aunque el resto de padres quieran la inmersión en catalán. El fallo deja que la Generalitat decida cómo hacerlo y este ha informado de que recurrirá la sentencia del TSJC. Argumenta que con la atención individualizada se cumplen las decisiones judiciales. Ello supone que el docente atienda en castellano al alumno que se lo pida aunque la clase es en catalán. La tensión con el Gobierno llegó a ser tal que la consejera Irene Rigau llegó a abandonar una reunión con Wert.

Educación separada por sexos

También responde a resoluciones judiciales el punto del proyecto de ley que garantiza que los colegios que separan por sexo puedan tener subvenciones públicas, conciertos. Pero, en este caso, lo que la justicia había dicho es que estas subvenciones no son posibles porque contravienen el principio de no discriminación que contiene la ley educativa (LOE, de 2006). Así, la Lomce señala expresamente quepueden ser concertados porque no discriminan, según una convención de la UNESCO.

Sin embargo, tras un repaso a la legislación internacional, el Consejo de Estado concluye que la norma "debe establecer en su articulado para los centros con educación diferenciada que aspiren al concierto, la exigencia de una justificación objetiva y razonable de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad [...]. De no ser así, la previsión podría no ajustarse a las exigencias derivadas del principio de igualdad que garantiza el artículo 9.2 y 14 de la Constitución", señala el dictamen, que hace, además, una defensa de la educación mixta "para promover desde la escuela la igualdad de género, pues a través de la convivencia en la escuela se enseña desde la más temprana edad a conocer, respetar y tratar igual la diferencia".

Cerca de 70 de estos centros reciben fondos de las distintas comunidades en este momento. La mayoría están vinculados al Opus Dei. La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para retirarles la subvención si no se coinvierten en mixtos. 

Capacidad de decisión para los padres

El ministerio ha hecho gran hincapié en la necesidad de aumentar los controles a las escuelas —más evaluaciones externas—, y a la vez darles más autonomía. Esto le parece muy bien al Consejo de Estado, pero dice que esa autonomía requiere de la participación y control de la comunidad escolar: padres y docentes representados en los consejos escolares y los claustros. De ese modo, el refuerzo de la capacidad de decisión de las direcciones "debería ser compatible con mantener algunas competencias de decisión o co-decisión en la comunidad educativa, consejo escolar y claustro de profesores al menos en algunas cuestiones que den contenido a su derecho a participar en la gestión y ejercer el control". Por eso, pide al ministerio que sopese "seriamente" la eliminación de la capacidad de decisión de esos órganos que contempla el proyecto.

 En el mismo sentido, tampoco les gusta que los gobiernos autónomos tengan la mayor capacidad de decisión en los procesos de selección de los directores. "El anteproyecto entra en este punto en abierta contradicción con "el aumento de la autonomía de los centros" que la exposición de motivos (apartado VII) menciona como uno de los principios inspiradores de la reforma", dice el Consejo de Estado.

Sin fondos suficientes para aplicar la Ley

El Consejo de Estado considera que existe una "insuficiencia de la valoración económica que entrañará su aprobación". En su opinión, el coste que se estima de implantación es "muy limitado para una reforma estructural de esta envergadura". Y lamenta, además, que haya incluso una previsión "de reducción de dichos costes en el medio plazo".

Este órgano recuerda que distintos sectores sociales, profesionales e institucionales (lista en la que incluye a algunas Comunidades Autónomas) le han expresado su "preocupación" por el hecho de no existir una memoria económica y, por tanto, que no se fijen las disponibilidades presupuestarias que tendrán impacto en sus déficit que deben recortar. El Consejo Escolar del Estado ha sugerido la elaboración de esta memoria económica. "Existen mecanismos legalmente previstos que pueden contribuir a la mejor exposición de las condiciones de financiación del sistema educativo", señala el Consejo, lo que , por otra parte, "no ha supuesto un obstáculo" para detectar las insuficiencias.

 

"Incoherente" reparto de competencias

El diseño de los contenidos escolares que propone la reforma necesitaría bastantes aclaraciones y más de un cambio, según se desprende del abanico de propuestas del Consejo de Estado en este punto. Dice que no está clara la diferencia "entre asignaturas troncales y asignaturas específicas", reclama que un buen número de materias que pasan a ser optativas sean de obligada oferta en todos los centros, porque son importantes (Educación Artística en primaria; Artes,Tecnología, Musica y Cultura Clásica en la ESO; Historia de la Filosofía en bachillerato, entre otros) y no entiende por qué hay que separar en dos la actual vía del bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades.

Tampoco entiende el Consejo de Estado por qué se permite a las comunidades desarrollar en currículo en unos aspectos y en otros no. "No parece coherente", dice.

La reforma propone que el ministerio diseñe la mayoría de los contenidos de la materias troncales (las principales, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma Extranjero), y las comunidades de las específicas (Educación Física, Plástica, Música, etcétera), pero el Gobierno controlará en ambos casos las otras patas del currículo: "los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación", es decir, que se evalúa y cómo.

 

Los sindicatos y la oposición reclaman "paralizar la norma y empezar de nuevo"

La consejera de Educación catalana duda de la seguridad jurídica de la reforma

Los sectores contrarios a la reforma educativa —desde sindicatos, partidos de la oposición y comunidades no gobernadas por el PP— celebraron ayer el informe del Consejo de Estado sobre la reforma educativa que planea el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Consideran que el dictamen avala sus críticas, piden la paralización de la ley y reiniciar el diálogo para conseguir una normativa con un mayor consenso. "El Consejo de Estado da un toque de alerta al Gobierno y su voluntad recentralizadora. El ministro Wert debería parar la ley y empezar de nuevo", valoró la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau.

Los sindicatos, por su parte, calificaron de "varapalo" el informe y consideraron que Wert tiene ahora "la obligación moral" de retirar la ley y empezar un nuevo proceso con más diálogo con toda la comunidad educativa. "El Gobierno recibe un tirón de orejas" por la eliminación de Ciudadanía y por convertir en optativas obligatorias sus sustitutas, Religión o Valores éticos, dijo Francisco García, de CC OO.

Con una alegría contenida, Rigau destacó los aspectos en que el dictamen le es favorable: pide dejar en manos de las comunidades el peso que se concede en la escuela a las lenguas cooficiales y más capacidad de decisión autónomica sobre los contenidos. El dictamen no entiende por qué se permite a las autonomías desarrollar el currículo en unos aspectos y en otros no. "No parece coherente", dice.

La reforma propone que el ministerio diseñe la mayoría de los contenidos de la materias troncales (las principales, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma Extranjero), y las comunidades de las específicas (Educación Física, Plástica, Música, etcétera), pero el Gobierno central controlará en ambos casos las otras patas del currículo: "los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación", es decir, qué se evalúa y cómo.

Rigau instó al ministro José Ignacio Wert a convocar una reunión entre el Gobierno y las autonomías para poner sobre la mesa la "dudosa" seguridad jurídica de la reforma. El informe del Consejo de Estado, aunque no es vinculante, sí puede dar alas a un posible recurso judicial contra el proyecto.

El Consejo de Estado pone más pegas sobre el diseño de los contenidos. Dice que no está clara la diferencia "entre asignaturas troncales y asignaturas específicas", y reclama que un buen número de materias que pasan a ser optativas sean de obligada oferta en todos los centros, porque son importantes: Educación Artística en primaria; Artes, Tecnología, Musica y Cultura Clásica en la ESO, entre otros.

Para el portavoz socialista de Educación en el Congreso, Mario Bedera, el dictamen pone en evidencia que había "mucho de ideología y de centralización" en la reforma educativa. La portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, aseguró, sin embargo, que el dictamen avala la reforma porque pretende acabar con el fracaso escolar y, "en ningún momento" dice que haya que retirarla.

 

Y vuelta la burra al trigo

La Constitución no adjudica a los obispos el monopolio de la educación religiosa, a costa del dinero de todos los españoles

No es terquedad de pollino joven. Es irresponsabilidad. Lo peor es que el desaguisado que denuncia el Consejo de Estado, de forma apabullante, sobre la enésima reforma de la educación cívica y religiosa de los niños españoles, se intenta imponer contra toda lógica constitucional. La Constitución no adjudica a los obispos el monopolio de la educación religiosa, a costa del dinero de todos los españoles (cada año, 500 millones en profesores de catolicismo y 4.000 millones para financiar los centros de ideario católico). Lo que garantiza el artículo 27.3 es "el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". De ahí arrancó el Vaticano en 1979 al Gobierno de Suárez, mediante un ministro propagandista católico, un abusivo concordato nacionalcatólico que dispone que los planes educativos "incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales".

Eso es todo, aunque es muchísimo. En cambio, los obispos pretenden controlar con esa norma religiosa no solo la enseñanza del catolicismo, sino el contenido de otras materias imprescindibles para la buena educación. Así se explica la intempestiva liquidación de Educación para la Ciudadanía y de la obligatoria asignatura de Ética de 4º de la ESO, imponiendo a cambio, como "materia alternativa a la Religión", la que el ministro Wert llama de "Valores Culturales y Sociales" en primaria y "Valores Éticos" en secundaria.

Es una solución ilegal. No se sabe si es ignorancia, o si dominan en este Ejecutivo las ganas de humillarse ante la jerarquía eclesiástica, pero no es creíble que el legislador desconozca nada menos que cuatro sentencias del Tribunal Supremo anulando, ya en 1994, preceptos parecidos porque "las actividades de estudio alternativas a la enseñanza de religión ocasionaban discriminación a los alumnos que —al optar por esta— tenían menos tiempo para preparar las demás asignaturas". Lo vuelve a recordar el Consejo de Estado.

Lo terrible es que el monopolio de los obispos en materia religiosa está sembrando una atroz ignorancia cultural en esa materia. Pocos de sus alumnos sabrían hoy explicar qué significan dichos como "eres un Adán" o "esto parece la torre de Babel". Y lo que es peor para ellos: la cosecha de analfabetos religiosos incrementa la increencia de los jóvenes, que salen espantados de las iglesias. No escarmientan. Habrá clases de religión y su alternativa, a la misma hora, la quieren exigente y evaluable, no sea que los chicos no se apunten a la oferta episcopal.

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DICTAMEN SOBRE LA LOMCE

El Consell d'Estat rebutja que Catalunya hagi de pagar escoles privades en castellà

L'organisme demana a Wert que es mantingui l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania

Dimecres, 24 d'abril del 2013 - 15:31h

ANTONIO M. YAGÜE / Madrid

El Consell d'Estat accepta que els governs autònoms hagin de determinar en una "proporció raonable" l'ús de la seva llengua pròpia i del castellà amb l'objectiu de "garantir el coneixement de totes dues", però rebutja que per garantir que un alumne pugui, si vol, tenir classes preferentment en castellà, la comunitat hagi de pagar-li si cal un col·legi privat, com diu el polèmic projecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat de l'educació (Lomce) impulsat pel ministre José Ignacio Wert.

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El dictamen sobre la reforma educativa, adoptat el 18 d'abril passat i donat a conèixer aquest dimecres, considera que aquest apartat no hauria de figurar en la llei perquè afecta l'àmbit de decisió de les comunitats amb llengua pròpia i que ha de quedar "en el marc de les mesures a adoptar si s'escau per part de les administracions educatives quan aquestes així ho decideixin, en el supòsit de no disposar d'altres mitjans o recursos per garantir a la xarxa pública l'ús del castellà com a llengua vehicular".

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

El Consell d'Estat es mostra contrari a la desaparició completa del currículum de qualsevol rastre d'assignatures "de formació eticocívica", fins ara englobades dins de la polèmica àrea d'Educació per a la Ciutadania, així que suggereix que s'inclogui. "Potser seria procedent imposar-la com a obligatòria en algun moment", assenyala el text. Argumenta que han estat nombrosos els acords i les recomanacions, subscrites per Espanya, del Consell d'Europa i de la Unió Europea "per vetllar per l'aprenentatge dels valors democràtics i de la participació democràtica per tal de preparar les persones per a una ciutadania activa".

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Bufetada del Consell d'Estat a la llei Wert

Rebutja que la Generalitat hagi de pagar l'escolarització privada en espanyol

El Consell d'Estat rebutja que la reforma educativa espanyola pugui obligar les comunitats autònomes a pagar l'escola privada als pares que vulguin escolaritzar els seus fills en espanyol, i per tant, que la Generalitat hagi de pagar un centre privat als alumnes que demanin l'escolarització en espanyol. Considera que la qüestió no s'hauria de recollir a la llei perquè afecta l'àmbit de decisió de les autonomies. A més, defensa el manteniment de l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania i recomana de fer-la obligatòria en algun moment. El dictamen del Consell d'Estat no és vinculant, però el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, l'ha d'estudiar abans d'aprovar la llei.

Així, el Consell d'Estat s'oposa que la LOMCE inclogui l'obligació de les administracions de sufragar les despeses d'escolarització quan els pares decideixin escolaritzar els fills en centres privats que facin servir l'espanyol com a llengua vehicular perquè no existeixi aquesta oferta pública. 

L'organisme estatal considera que incloure aquest punt afecta les competències de les comunitats autònomes amb llengua pròpia, com Catalunya, i defensa que han de ser les administracions educatives les que decideixin quines mesures prendre per respondre a aquesta demanda, en el cas que no hi hagi mitjans o recursos per garantir a la xarxa pública l'ús de l'espanyol com a llengua vehicular. També alerta de les 'dificultats tècnico-jurídiques' que podria comportar l'aplicació d'aquesta mesura.

També considera 'correcte' que siguin les diferents administracions educatives les que decideixin quina és la 'proporció raonable' en l'ús de l'espanyol i de la llengua cooficial de la comunitat autònoma concreta. L'òrgan reconeix que és competència de les comunitats autònomes orientar el sistema educatiu cap a un 'model d'integració' i cita l'exemple de Catalunya i Galícia, o d'ensenyament lingüístic diferenciat'' com és el cas del País Valencià i el País Basc.

El Consell d'Estat creu que les dues possibilitats respecten la constitució espanyola, i reitera la competència de cada autonomia per triar un sistema d'escolarització, sense que la 'legislació bàsica de l'estat' pugui 'frustrar' l'elecció del model a seguir. 

Afegeix que, en la mesura que la programació de les llengües en què s'imparteixen les diferents matèries ha de guiar-se per l'objectiu que tots els alumnes obtinguin els nivells competencials marcats, 'són les autonomies les que estan en condicions de determinar on es produeixen els registres competencials més baixos i, per tant, on cal intensificar mesures de suport especial', un fet que 'sens dubte produirà gran varietat de situacions entre comunitats autònomes i dins d'aquestes'.

Educació per a la Ciutadania

En un dictamen de 185 pàgines, el Consell d'Estat també rebutja la decisió del Ministeri d'Educació de fer desaparèixer l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania. L'organisme reclama que s'inclogui com a obligatòria 'en algun moment' de l'ensenyament una assignatura relativa a la formació 'ètico-cívica'.

El Consell d'Estat recorda nombrosos acords i recomanacions europeus en aquest sentit i que 'la majoria dels països europeus inclouen en els seus currículums educatius continguts de formació en ciutadania democràtica i drets humans'.

 

 

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Raquel Sánchez Grande

Gabinet de Comunicació

Confederació Gonzalo Anaya

Telf. 963529607/605800279

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