El Consejo de Estado pide a Wert que mantenga la asignatura de Ciudadanía
El dictamen sobre la reforma educativa rechaza que las comunidades con lengua cooficial tengan que pagar una escuela privada si un alumno prefiere clases en castellano
El Consejo de Estado ha planteado una gran enmienda sobre muchos puntos de la reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert. Aunque su dictamen no es vinculante, el órgano consultivo del Gobierno reclama para empezar un "acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales" para "buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema" —esta es la séptima ley de la democracia— y cambios y matizaciones en asuntos polémicos. como la enseñanza en castellano en comunidades bilingües —son las autonomías las que deben garantizar "una proporción equilibrada" de ambas lenguas—, la Educación para la Ciudadanía —debería ser "obligatoria en algún momento"— y la Religión —se está "discriminando" a los alumnos que la eligen porque no pueden asistir a la materia alternativa de valores éticos—.
El texto también discute otro de los aspectos de la ley que más ampollas ha levantado: el blindaje de las subvenciones a los colegios que separan por sexo. En una decidida defensa de las bondades de la educación mixta, el Consejo de Estado pide que se justifique muy bien cuáles son los beneficios de la segregación de alumnos y fijen "medidas académicas a favor de la igualdad" para que estos centros reciban dinero público.
El ministerio puede atender o no estas sugerencias antes de enviar el texto al Consejo de Ministros y, de allí, al Congreso. Pero sindicatos y oposición ya han calificado de "varapalo" el dictamen de una ley que no estará en vigor hasta 2014 y de la que se cuestiona incluso la dotación económica —es insuficiente para una "reforma estructural de esta envergadura"—.
El PP, sin embargo, opina que el Consejo de Estado avala la reforma, ya que el texto deja intactos puntos cruciales como el adelanto de la elección de vías distintas en la ESO, el nuevo diseño de la FP (con la creación del FP Básica) o la recuperación de las reválidas. En este caso, solicita que esos exámenes externos queden en manos de "funcionarios públicos y en ningún caso de profesores contratados o empresas privadas". En cuanto a la reválida del bachillerato (que sustituye la Selectividad), critica que las universidades puedan hacer evaluaciones de acceso para cada carrera porque introduce "un elemento de discrecionalidad que podría perjudicar el tratamiento uniforme de los alumnos". Asimismo, hace alusiones críticas al programa académico (diseño, reparto de competencias para redactarlo o la ausencia de materias básicas) y protesta por la falta de participación de la comunidad educativa.
No es este, en todo caso, el primer escollo que ha encontrado el proyecto de ley: antes fue el rechazo de buena parte de la comunidad educativa (hay una huelga convocada en mayo) y los cambios que le exigieron las comunidades gobernadas por el PP.
En su voluminoso dictamen, al que ha tenido acceso este diario, le recrimina al proyecto de ley, entre otras cosas, la desaparición completa del currículo de cualquier rastro de asignaturas "de formación ético-cívica", hasta ahora englobadas dentro de la polémica área de Educación para la Ciudadanía, por lo que sugiere que se incluya. "Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento, pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritas por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa", dice el texto del dictamen, que no es vinculante.
Asimismo, respecto al polémico apartado de la enseñanza en las lenguas cooficiales en comunidades bilingües, el Consejo de Estado acepta que los Gobiernos autónomos deban "determinar la 'proporción razonable' de uso de ambas lenguas y las medidas que en su caso hayan de adoptarse para garantizar el conocimiento de las mismas". Sin embargo, rechaza que, para garantizar que un alumno pueda, si quiere, tener clases preferentemente en castellano, la comunidad deba pagarle si es necesario un colegio privado, como dice el proyecto. "Más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación [...], no debería figurar en la ley, por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las administraciones educativas cuando estas así lo decidan, en el supuesto de no disponer de otros medios o recursos para garantizar en la red pública el uso del castellano como lengua vehicular", señala el dictamen.
El pasado agosto el Consejo de Ministros aprobó el cambio de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en primaria y secundaria (como las referencias a los conflictos sociales, a la desigualdad de género y a la lucha contra la homofobia), primer paso antes de eliminar la materia casi completamente del currículo escolar. El objetivo de la Ley era eliminarla en primaria y quitarle el apellido de Ciudadanía de la Ética de 4º de ESO y de Filosofía de 1º de bachillerato. Se mantendría solamente en 2º o 3º de ESO con contenidos limados y con el nombre de Educación Cívica y Constitucional.
Sin embargo, el proyecto de ley elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006 y la Ética de 4º de ESO, obligatoria en el currículo desde los años noventa de siglo pasado. Al mismo tiempo, se recupera la materia alternativa a la de Religión, que se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Wert llegó a hablar de "materias que distraen" para defender más tiempo para las instrumentales (ciencias, lenguas y matemáticas) en detrimento de otras como Educación para la Ciudadanía. La Iglesia había mostrado siempre su rechazo a la ley por contener "cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico".
El Consejo de Estado llega hablar de discriminación en su dictamen para los alumnos que se queden sin formación ético-cívica por elegir Religión. "Hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la 'Religión' la materia de 'Valores Culturales y Sociales', o 'Valores éticos', de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación".
Laberinto judicial
Otra de las grandes polémicas del proyecto de ley impulsado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, es sin duda el de las lenguas cooficiales, en concreto, en torno a Cataluña, donde el modelo de inmersión lingüística consiste en dar la inmensa mayoría de las clases en catalán. El ministro, que ha sembrado polémica en torno a este asunto, por ejemplo, al hablar de "españolizar" a los niños catalanes, siempre ha dicho que su intención es trasladar a la ley las sentencias de los tribunales Constitucional, Supremo y Superior de Cataluña, que dicen que la inmersión es perfectamente legal, pero que la Generalitat debe garantizar una "proporción razonable" de enseñanza en catalán y castellano.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado -aplicando la doctrina del Supremo- cómo hay que satisfacer las demandas de las familias que reclaman más horas de castellano: si un alumno lo pide, habrá que dárselas a él y a toda su clase, aunque el resto de padres quieran la inmersión en catalán. El fallo deja que la Generalitat decida cómo hacerlo y este ha informado de que recurrirá la sentencia del TSJC. Argumenta que con la atención individualizada se cumplen las decisiones judiciales. Ello supone que el docente atienda en castellano al alumno que se lo pida aunque la clase es en catalán. La tensión con el Gobierno llegó a ser tal que la consejera Irene Rigau llegó a abandonar una reunión con Wert.
Educación separada por sexos
También responde a resoluciones judiciales el punto del proyecto de ley que garantiza que los colegios que separan por sexo puedan tener subvenciones públicas, conciertos. Pero, en este caso, lo que la justicia había dicho es que estas subvenciones no son posibles porque contravienen el principio de no discriminación que contiene la ley educativa (LOE, de 2006). Así, la Lomce señala expresamente quepueden ser concertados porque no discriminan, según una convención de la UNESCO.
Sin embargo, tras un repaso a la legislación internacional, el Consejo de Estado concluye que la norma "debe establecer en su articulado para los centros con educación diferenciada que aspiren al concierto, la exigencia de una justificación objetiva y razonable de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad [...]. De no ser así, la previsión podría no ajustarse a las exigencias derivadas del principio de igualdad que garantiza el artículo 9.2 y 14 de la Constitución", señala el dictamen, que hace, además, una defensa de la educación mixta "para promover desde la escuela la igualdad de género, pues a través de la convivencia en la escuela se enseña desde la más temprana edad a conocer, respetar y tratar igual la diferencia".
Cerca de 70 de estos centros reciben fondos de las distintas comunidades en este momento. La mayoría están vinculados al Opus Dei. La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para retirarles la subvención si no se coinvierten en mixtos.
Capacidad de decisión para los padres
El ministerio ha hecho gran hincapié en la necesidad de aumentar los controles a las escuelas —más evaluaciones externas—, y a la vez darles más autonomía. Esto le parece muy bien al Consejo de Estado, pero dice que esa autonomía requiere de la participación y control de la comunidad escolar: padres y docentes representados en los consejos escolares y los claustros. De ese modo, el refuerzo de la capacidad de decisión de las direcciones "debería ser compatible con mantener algunas competencias de decisión o co-decisión en la comunidad educativa, consejo escolar y claustro de profesores al menos en algunas cuestiones que den contenido a su derecho a participar en la gestión y ejercer el control". Por eso, pide al ministerio que sopese "seriamente" la eliminación de la capacidad de decisión de esos órganos que contempla el proyecto.
En el mismo sentido, tampoco les gusta que los gobiernos autónomos tengan la mayor capacidad de decisión en los procesos de selección de los directores. "El anteproyecto entra en este punto en abierta contradicción con "el aumento de la autonomía de los centros" que la exposición de motivos (apartado VII) menciona como uno de los principios inspiradores de la reforma", dice el Consejo de Estado.
Sin fondos suficientes para aplicar la Ley
El Consejo de Estado considera que existe una "insuficiencia de la valoración económica que entrañará su aprobación". En su opinión, el coste que se estima de implantación es "muy limitado para una reforma estructural de esta envergadura". Y lamenta, además, que haya incluso una previsión "de reducción de dichos costes en el medio plazo".
Este órgano recuerda que distintos sectores sociales, profesionales e institucionales (lista en la que incluye a algunas Comunidades Autónomas) le han expresado su "preocupación" por el hecho de no existir una memoria económica y, por tanto, que no se fijen las disponibilidades presupuestarias que tendrán impacto en sus déficit que deben recortar. El Consejo Escolar del Estado ha sugerido la elaboración de esta memoria económica. "Existen mecanismos legalmente previstos que pueden contribuir a la mejor exposición de las condiciones de financiación del sistema educativo", señala el Consejo, lo que , por otra parte, "no ha supuesto un obstáculo" para detectar las insuficiencias.
"Incoherente" reparto de competencias
El diseño de los contenidos escolares que propone la reforma necesitaría bastantes aclaraciones y más de un cambio, según se desprende del abanico de propuestas del Consejo de Estado en este punto. Dice que no está clara la diferencia "entre asignaturas troncales y asignaturas específicas", reclama que un buen número de materias que pasan a ser optativas sean de obligada oferta en todos los centros, porque son importantes (Educación Artística en primaria; Artes,Tecnología, Musica y Cultura Clásica en la ESO; Historia de la Filosofía en bachillerato, entre otros) y no entiende por qué hay que separar en dos la actual vía del bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades.
Tampoco entiende el Consejo de Estado por qué se permite a las comunidades desarrollar en currículo en unos aspectos y en otros no. "No parece coherente", dice.
La reforma propone que el ministerio diseñe la mayoría de los contenidos de la materias troncales (las principales, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma Extranjero), y las comunidades de las específicas (Educación Física, Plástica, Música, etcétera), pero el Gobierno controlará en ambos casos las otras patas del currículo: "los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación", es decir, que se evalúa y cómo.
Los sindicatos y la oposición reclaman "paralizar la norma y empezar de nuevo"
La consejera de Educación catalana duda de la seguridad jurídica de la reforma
Los sectores contrarios a la reforma educativa —desde sindicatos, partidos de la oposición y comunidades no gobernadas por el PP— celebraron ayer el informe del Consejo de Estado sobre la reforma educativa que planea el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Consideran que el dictamen avala sus críticas, piden la paralización de la ley y reiniciar el diálogo para conseguir una normativa con un mayor consenso. "El Consejo de Estado da un toque de alerta al Gobierno y su voluntad recentralizadora. El ministro Wert debería parar la ley y empezar de nuevo", valoró la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau.
Los sindicatos, por su parte, calificaron de "varapalo" el informe y consideraron que Wert tiene ahora "la obligación moral" de retirar la ley y empezar un nuevo proceso con más diálogo con toda la comunidad educativa. "El Gobierno recibe un tirón de orejas" por la eliminación de Ciudadanía y por convertir en optativas obligatorias sus sustitutas, Religión o Valores éticos, dijo Francisco García, de CC OO.
Con una alegría contenida, Rigau destacó los aspectos en que el dictamen le es favorable: pide dejar en manos de las comunidades el peso que se concede en la escuela a las lenguas cooficiales y más capacidad de decisión autónomica sobre los contenidos. El dictamen no entiende por qué se permite a las autonomías desarrollar el currículo en unos aspectos y en otros no. "No parece coherente", dice.
La reforma propone que el ministerio diseñe la mayoría de los contenidos de la materias troncales (las principales, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma Extranjero), y las comunidades de las específicas (Educación Física, Plástica, Música, etcétera), pero el Gobierno central controlará en ambos casos las otras patas del currículo: "los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación", es decir, qué se evalúa y cómo.
Rigau instó al ministro José Ignacio Wert a convocar una reunión entre el Gobierno y las autonomías para poner sobre la mesa la "dudosa" seguridad jurídica de la reforma. El informe del Consejo de Estado, aunque no es vinculante, sí puede dar alas a un posible recurso judicial contra el proyecto.
El Consejo de Estado pone más pegas sobre el diseño de los contenidos. Dice que no está clara la diferencia "entre asignaturas troncales y asignaturas específicas", y reclama que un buen número de materias que pasan a ser optativas sean de obligada oferta en todos los centros, porque son importantes: Educación Artística en primaria; Artes, Tecnología, Musica y Cultura Clásica en la ESO, entre otros.
Para el portavoz socialista de Educación en el Congreso, Mario Bedera, el dictamen pone en evidencia que había "mucho de ideología y de centralización" en la reforma educativa. La portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, aseguró, sin embargo, que el dictamen avala la reforma porque pretende acabar con el fracaso escolar y, "en ningún momento" dice que haya que retirarla.
Y vuelta la burra al trigo
La Constitución no adjudica a los obispos el monopolio de la educación religiosa, a costa del dinero de todos los españoles
No es terquedad de pollino joven. Es irresponsabilidad. Lo peor es que el desaguisado que denuncia el Consejo de Estado, de forma apabullante, sobre la enésima reforma de la educación cívica y religiosa de los niños españoles, se intenta imponer contra toda lógica constitucional. La Constitución no adjudica a los obispos el monopolio de la educación religiosa, a costa del dinero de todos los españoles (cada año, 500 millones en profesores de catolicismo y 4.000 millones para financiar los centros de ideario católico). Lo que garantiza el artículo 27.3 es "el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". De ahí arrancó el Vaticano en 1979 al Gobierno de Suárez, mediante un ministro propagandista católico, un abusivo concordato nacionalcatólico que dispone que los planes educativos "incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales".
Eso es todo, aunque es muchísimo. En cambio, los obispos pretenden controlar con esa norma religiosa no solo la enseñanza del catolicismo, sino el contenido de otras materias imprescindibles para la buena educación. Así se explica la intempestiva liquidación de Educación para la Ciudadanía y de la obligatoria asignatura de Ética de 4º de la ESO, imponiendo a cambio, como "materia alternativa a la Religión", la que el ministro Wert llama de "Valores Culturales y Sociales" en primaria y "Valores Éticos" en secundaria.
Es una solución ilegal. No se sabe si es ignorancia, o si dominan en este Ejecutivo las ganas de humillarse ante la jerarquía eclesiástica, pero no es creíble que el legislador desconozca nada menos que cuatro sentencias del Tribunal Supremo anulando, ya en 1994, preceptos parecidos porque "las actividades de estudio alternativas a la enseñanza de religión ocasionaban discriminación a los alumnos que —al optar por esta— tenían menos tiempo para preparar las demás asignaturas". Lo vuelve a recordar el Consejo de Estado.
Lo terrible es que el monopolio de los obispos en materia religiosa está sembrando una atroz ignorancia cultural en esa materia. Pocos de sus alumnos sabrían hoy explicar qué significan dichos como "eres un Adán" o "esto parece la torre de Babel". Y lo que es peor para ellos: la cosecha de analfabetos religiosos incrementa la increencia de los jóvenes, que salen espantados de las iglesias. No escarmientan. Habrá clases de religión y su alternativa, a la misma hora, la quieren exigente y evaluable, no sea que los chicos no se apunten a la oferta episcopal.
DICTAMEN SOBRE LA LOMCE
El Consell d'Estat rebutja que Catalunya hagi de pagar escoles privades en castellà
L'organisme demana a Wert que es mantingui l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania
Dimecres, 24 d'abril del 2013 - 15:31h
ANTONIO M. YAGÜE / Madrid
El Consell d'Estat accepta que els governs autònoms hagin de determinar en una "proporció raonable" l'ús de la seva llengua pròpia i del castellà amb l'objectiu de "garantir el coneixement de totes dues", però rebutja que per garantir que un alumne pugui, si vol, tenir classes preferentment en castellà, la comunitat hagi de pagar-li si cal un col·legi privat, com diu el polèmic projecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat de l'educació (Lomce) impulsat pel ministre José Ignacio Wert.
El dictamen sobre la reforma educativa, adoptat el 18 d'abril passat i donat a conèixer aquest dimecres, considera que aquest apartat no hauria de figurar en la llei perquè afecta l'àmbit de decisió de les comunitats amb llengua pròpia i que ha de quedar "en el marc de les mesures a adoptar si s'escau per part de les administracions educatives quan aquestes així ho decideixin, en el supòsit de no disposar d'altres mitjans o recursos per garantir a la xarxa pública l'ús del castellà com a llengua vehicular".
EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA
El Consell d'Estat es mostra contrari a la desaparició completa del currículum de qualsevol rastre d'assignatures "de formació eticocívica", fins ara englobades dins de la polèmica àrea d'Educació per a la Ciutadania, així que suggereix que s'inclogui. "Potser seria procedent imposar-la com a obligatòria en algun moment", assenyala el text. Argumenta que han estat nombrosos els acords i les recomanacions, subscrites per Espanya, del Consell d'Europa i de la Unió Europea "per vetllar per l'aprenentatge dels valors democràtics i de la participació democràtica per tal de preparar les persones per a una ciutadania activa".
Bufetada del Consell d'Estat a la llei Wert
Rebutja que la Generalitat hagi de pagar l'escolarització privada en espanyol
El Consell d'Estat rebutja que la reforma educativa espanyola pugui obligar les comunitats autònomes a pagar l'escola privada als pares que vulguin escolaritzar els seus fills en espanyol, i per tant, que la Generalitat hagi de pagar un centre privat als alumnes que demanin l'escolarització en espanyol. Considera que la qüestió no s'hauria de recollir a la llei perquè afecta l'àmbit de decisió de les autonomies. A més, defensa el manteniment de l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania i recomana de fer-la obligatòria en algun moment. El dictamen del Consell d'Estat no és vinculant, però el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, l'ha d'estudiar abans d'aprovar la llei.
Així, el Consell d'Estat s'oposa que la LOMCE inclogui l'obligació de les administracions de sufragar les despeses d'escolarització quan els pares decideixin escolaritzar els fills en centres privats que facin servir l'espanyol com a llengua vehicular perquè no existeixi aquesta oferta pública.
L'organisme estatal considera que incloure aquest punt afecta les competències de les comunitats autònomes amb llengua pròpia, com Catalunya, i defensa que han de ser les administracions educatives les que decideixin quines mesures prendre per respondre a aquesta demanda, en el cas que no hi hagi mitjans o recursos per garantir a la xarxa pública l'ús de l'espanyol com a llengua vehicular. També alerta de les 'dificultats tècnico-jurídiques' que podria comportar l'aplicació d'aquesta mesura.
També considera 'correcte' que siguin les diferents administracions educatives les que decideixin quina és la 'proporció raonable' en l'ús de l'espanyol i de la llengua cooficial de la comunitat autònoma concreta. L'òrgan reconeix que és competència de les comunitats autònomes orientar el sistema educatiu cap a un 'model d'integració' i cita l'exemple de Catalunya i Galícia, o d'ensenyament lingüístic diferenciat'' com és el cas del País Valencià i el País Basc.
El Consell d'Estat creu que les dues possibilitats respecten la constitució espanyola, i reitera la competència de cada autonomia per triar un sistema d'escolarització, sense que la 'legislació bàsica de l'estat' pugui 'frustrar' l'elecció del model a seguir.
Afegeix que, en la mesura que la programació de les llengües en què s'imparteixen les diferents matèries ha de guiar-se per l'objectiu que tots els alumnes obtinguin els nivells competencials marcats, 'són les autonomies les que estan en condicions de determinar on es produeixen els registres competencials més baixos i, per tant, on cal intensificar mesures de suport especial', un fet que 'sens dubte produirà gran varietat de situacions entre comunitats autònomes i dins d'aquestes'.
Educació per a la Ciutadania
En un dictamen de 185 pàgines, el Consell d'Estat també rebutja la decisió del Ministeri d'Educació de fer desaparèixer l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania. L'organisme reclama que s'inclogui com a obligatòria 'en algun moment' de l'ensenyament una assignatura relativa a la formació 'ètico-cívica'.
El Consell d'Estat recorda nombrosos acords i recomanacions europeus en aquest sentit i que 'la majoria dels països europeus inclouen en els seus currículums educatius continguts de formació en ciutadania democràtica i drets humans'.
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Raquel Sánchez Grande
Gabinet de Comunicació
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